La falta de civismo es cada vez mayor en la capital tinerfeña, a juzgar por los datos hechos públicos ayer por el ayuntamiento durante la presentación de la Memoria de la Policía Local de 2013. Así, de los 815 actos vandálicos detectados durante 2012 por los agentes locales se ha pasado a más del doble en solo un año hasta alcanzar los 1.934 casos.

"Este incremento es un serio motivo de preocupación para el ayuntamiento", declaró ayer en rueda de prensa el subcomisario de Policía Blas Hernández.

Preguntado sobre los posibles motivos de este importante crecimiento, el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, José Alberto Díaz Estébanez, los vinculó al aumento de la conflictividad social creada por la situación de crisis económica.

"Hemos trazado un camino para atajar esta situación y se basa en la prevención, vigilancia y sanción de este tipo de comportamientos incívicos", detalló el edil, antes de recordar que en noviembre de 2013 el ayuntamiento puso en marcha la Unidad de Protección den Entorno Urbano (Proteu) y que desde entonces se han realizado 300 intervenciones vinculadas con las mascotas y sus excrementos, otras 50 por depósito de basura fuera del horario fijado o en lugares no autorizados, más de 70 publicidades en lugares no autorizada, otras 200 vinculadas con daños en el mobiliario urbano y más de 300 intervenciones en casos de vehículos abandonados en la vía pública.

Y es que los daños en el mobiliario urbano también han aumentado considerablemente pasando de 672 casos a 733, al igual que el deterioro de las zonas verdes que ha pasado de 111 a 121.

"El asunto más complejo de atajar es sin duda las pintadas y grafitis y para eso necesitamos la colaboración de los vecinos. No obstante, ya hemos creado un banco de datos en el que queda reflejada cada firma que aparece y cuando se le cace pagará por todas", detalló Díaz Estébanez.

En este punto, tanto este edil como el alcalde, José Manuel Bermúdez, insistieron en la necesidad de que la Delegación del Gobierno permita la puesta en funcionamiento de las cámaras de vigilancia colocadas en el parque García Sanabria.

"Las cámaras serían decisivas para la prevención y disuasión en la comisión de delitos contra las personas y el patrimonio y además así también lo entienden los vecinos de la zona que nos lo demandan", agregó el concejal de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, el alcalde no solo anunció que recurrirá la decisión de la Delegación del Gobierno de no aprobar el uso de la videovigilancia, sino que además anunció que el ayuntamiento "las volverá a solicitar tantas veces como sea necesario hasta que se pongan en funcionamiento."