La destitución del que fuera gerente del Parque Marítimo, Augusto Sabina, hace poco más de un mes, se ha saldado con la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife para que investigue varios posibles delitos de malversación, prevaricación y delitos societarios. Así lo confirmaron ayer en rueda de prensa los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa, acompañados del concejal de Por Tenerife, José Manuel Corrales, escasos minutos después de haber presentado la denuncia.

"Augusto Sabina nos ha proporcionado una ingente cantidad de documentos y nos ha contado cuál era la forma de actuar en todo lo relacionado con el Parque Marítimo. De hecho llegó a acudir con nosotros a la Fiscalía para presentar la denuncia y comparecer, pero ese día no se pudo y finalmente ha decidido dejarlo todo en nuestras manos", detalló ayer Campos.

El letrado explicó que se han detectado tres hechos supuestamente constitutivos de delitos en la explotación de los locales de ocio.

"El exsecretario del Consejo de Administración, Pedro Doblado, formalizó contratos con la empresa Chispas Ocio en 2010 y 2013 al margen del procedimiento obligado de concurso público y sin que se acordara el pago de algún tipo de canon o renta por parte de la empresa por el uso de un espacio público. Incluso existe un informe municipal en el que la jefa de los servicios jurídicos alerta de que el contrato es nulo", anunció Campos.

El segundo caso de presunta corrupción sería cuando en 2013 se convoca un concurso que finamente gana Chispas Ocio, pero que nunca llega a pagar, generando deudas cercanas a los 30.000 euros y de lo que habría advertido también Sabina sin consecuencia alguna.

"Las Cascadas es el tercer aspecto denunciado. Se trata de un edificio cuya explotación obtuvo Santa Cruz Park durante un tiempo, pero que en 2006 pasó a manos del empresario Luis Gil que, a su vez lo transmite en 2012 a Carlos Quintero. El Consejo de Administración acepta la transmisión siempre que se paguen las deudas de casi de 60.000 euros que quedan pendientes, pero este último empresario nunca lo hizo. En marzo de 2012 le dieron 20 días para que lo resolviera, pero a día de hoy siguen sin liquidarse esos pagos, por más que Augusto Sabina también lo advirtió en innumerables ocasiones", agregó el jurista.

Por su parte, el concejal presidente de Parque Marítimo, Alberto Bernabé, negó ayer que el consejo de administración de esta entidad pública haya tenido conocimiento de irregularidades penales en su gestión, durante el presente mandato y explicó, a través de una nota de prensa, que el consejo de Parque Marítimo solicitó un informe jurídico, en cuyas conclusiones queda recogida la inexistencia de cualquier tipo de irregularidad de carácter penal en el presente mandato.