El abogado y defensor del ciudadano (CCN), José Luis Langa González, valoró la declaración del ayuntamiento de buscar alternativas a las familias que residen en viviendas municipales de forma ilegal. Langa recibió quejas de adjudicatarios de viviendas de protección oficial que no podían ocuparlas "por estar viviendo allí personas". La notificación del pasado viernes de "lograr que acepten un alquiler social para encontrar una solución a través del diálogo y ofreciendo alternativas alojativas, es una gran noticia", apostilló Langa. Por otro lado, Pedro Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se Puede, dirigieron ayer una carta a la edil de Vivienda, Ángela Mena, en la que le solicitaron un impulso a la negociación para el desbloqueo de los convenios estatales de rehabilitación. Sí se Puede solicitó en abril la intervención del Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, y ahora Arcila propone una nueva reunión con el alto comisionado para avanzar en un acuerdo de redistribución de la carga económica pendiente -que no abonará el Estado- entre las administraciones canaria, insular y local.
