"A día de hoy no se ha autorizado ni una sola subcontratación de Emmasa". La contundente frase figura en el informe elaborado por los servicios municipales que ha servido de base para la intervención del Ayuntamiento de Santa Cruz en Emmasa.

Además, el texto detalla cómo en el momento de la multa de 450.000 euros a la empresa Sacyr -la mayor impuesta del Consistorio chicharrero en su historia-, el 27 de mayo de 2013 se habían llevado a cabo hasta sesenta subcontrataciones. Esa cifra se ha visto aumentada hasta más del centenar, "de acuerdo con la auditoría de cumplimiento".

Especifica el documento que desde la firma del contrato el 1 de marzo de 2006 al 1 de noviembre d e 2011 no existen en el expediente pruebas de que Emmasa solicitara aprobación de subcontrataciones. Una posterior designación del alcalde al concejal del área en 2008 "se limita a las actividades accesorias y solo tiene validez hasta junio de 2011, fecha en la que el concejal dejó de ser miembro de la corporación municipal". Lo que sí deduce el informe es que "existirían multitud de subcontratos fuera de esa cobertura".

La conclusión sería "la subcontrata de prestaciones principales, con empresas vinculadas, superando el límite legal del 50% del presupuesto y hasta la fecha sin haber obtenido autorización alguna del ayuntamiento".

La empresa, en sus alegaciones a la multa de mayo de 2013, defendía la "prescripción" de algunas contrataciones o que se trataba de "contrataciones complementarias", pero "la intención subyacente de esa imposición de sanción era reconducir las actividades a la legalidad. No se sanciona para recaudar dinero; se sanciona para que las conductas se adecuen a la norma". El informe concluye en este aspecto que, sin embargo, "la empresa no ha reconducido su actividad".

En el segundo bloque se desglosa el contenido de la auditoría encargada de cumplimiento de Emmasa en los ejercicios 2006-2012, que tuvo entrada el pasado 7 de julio.

En el primero de los cuatro grandes apartados analizados, la auditoría plantea respecto al análisis de cumplimiento de los programas de actuación, programas anuales y presupuestos que "la empresa concesionaria no trabaja con dichos documentos".

Respecto a las inversiones en este período, "las mismas habrían alcanzado solo el 9,01% de las que se obligaban. Introduciendo el concepto de "importe exigible" con excedentes de tesorería, que solo se dieron los primeros dos años, "el grado de ejecución habría llegado al 45%". La conclusión es que "la empresa concesionaria habría incumplido claramente las obligaciones asumidas a través de su oferta".

El documento externo también refleja "el incumplimiento del Know how en lo que concierne a la transmisión de conocimientos y en el posible doble cobro por ese mismo concepto".

Y, por último, la auditoría no es concluyente respecto a la subcontratación en cuanto a su carácter principal, accesorio o complementario, algo que queda pendiente de especificar durante el proceso de intervención.

El estudio también recuerda que en 2006 se recibió de una sola vez un canon de casi 60 millones de euros. "Con independencia de que se ha ido devolviendo a razón de más de dos millones anuales, el hecho es que de resolver en este momento se adeudaría a la empresa todavía 45 millones".

El informe concluye que "sería incoherente multar a la empresa por cada una de las sesenta subcontrataciones anteriores a la mencionada multa de mayo de 2013 y considera que "debe desecharse la posibilidad de volver a imponer una sanción pecuniaria, lo que en principio nos deja con la posibilidad de resolver el contrato". Posteriormente, el informe dibuja en siete folios la figura del "secuestro" como posibilidad futura si no hay corrección del rumbo con la intervención.

Ayer se celebró el anunciado Consejo de Administración de Emmasa, al que acudió la plana mayor de Valoriza Aguas, la filial de Sacyr. No trascendió nada de lo tratado, aunque la embajada llegada de Madrid, con el director general, Pablo Abril, a la cabeza, mostró en todo momento su "tranquilidad" ante el proceso abierto.