El Partido Popular lo intentó y convocó una particular Mesa del Taxi de Santa Cruz en su sede de la calle Castillo. Este fue el éxito del empeño de los concejales Manuel Fernández y José Carlos Acha: sentar en una misma reunión a todos los representantes de los profesionales del volante para consensuar un texto en las alegaciones a la nueva Ordenanza aprobada inicialmente en el pleno del pasado viernes y definitivamente en septiembre. Lástima que casi tres horas después quedara clara la desunión de un sector que alguien definió muy descriptivamente: "Este es un gran corral con mil corralitos".

La de mil es una cifra relativa -se refiere al número de licencias en la ciudad- porque unos apostaron por "900 y pico", algunos por 700 y otros plantearon que en alguna Mesa del Taxi oficial -cuya representatividad fue más que cuestionada durante toda la tarde- "se llegaron a presentar 1.800 licencias" (carcajadas generales).

Desconocimiento de la ordenanza, desinformación - "no han contado con nosotros"-, viejas rencillas, alguna que otra salida de tono y el cuestionamiento a la representatividad de las consultas del Ayuntamiento -muy criticado con el concejal Dámaso Arteaga como gran objetivo porque "nos ha engañado"- marcaron la cita.

Dos veteranos, Carmelo Peña, de la UTAT, y Tomás Guillén, de la Federación de Taxis encabezaron, sobre todo el primero la oposición a la ordenanza, e incluso atisbaron un panorama de "demandas judiciales". También destacó la participación de Esther Rodríguez, de San Pedro, que defendió con vehemencia sus posiciones.

La exclusividad, el único asalariado, el futuro de estos últimos, la diferencia poco clara entre publicidad e información, la ratio, la posibilidad de uniforme o la retirada de licencias fueron tratadas en el debate. Fernández aseguró que de gobernar el PP "esta ordenanza hubiera contado con una asamblea de todos los taxistas y se hubiera informado uno a uno". Quedó aprobado pedir un referéndum una vez pasado el período de alegaciones.

Víctor Melián , de Teletaxis Isla de Tenerife, fue el único favorable, entre el rechazo general, a la ordenanza, con alguna crítica puntual.

Mandó la desunión. Trece personas representaron a una decena de colectivos, más alguna empresa "por libre". Es decir, "unidades libres o próximas a quedar libres". O desocupadas porque "el camino del sector es el paro", concluyeron.