"Unas 250 personas están en peligro de exclusión social en Santa Cruz y el doble, sobre 500, en toda el Área Metropolitana. Aproximadamente doscientas de ellas están acogidos en el Centro Municipal de Acogida (el Albergue) y entre 45 y 50 duermen a diario en las calles del municipio". Fueron los concluyentes datos aportados ayer por Leonardo Ruiz del Castillo, presidente de Cáritas Diocesana, durante la firma de un convenio con el ayuntamiento por el cual IMAS destinará 590.000 euros a cuatro proyectos sociales de la ONG, del que se beneficiarán unas 300 personas.
"Gracias, alcalde" fue la frase con la que la concejala de Atención Social, la socialista Alicia Álvarez, bromeó con su compañero de partido, el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, primer regidor accidental al estar José Manuel Bermúdez de vacaciones, durante el acto de ayer.
Martín señaló: "Este convenio refleja el compromiso por colocar las políticas sociales en lugar preferente, igual que a las personas, unas 300, entre las más vulnerables de la sociedad".
Los proyectos que integran el acuerdo son el Centro de Estancias Diurnas para mayores Hassidim; el Centro de Acogida a Familias Monoparentales Atacaite; el Proyecto Lázaro para personas con el virus VIH y la Intervención Social con Personas sin Hogar.
Alicia Álvarez valoró el aumento de la cantidad destinada a estos proyectos sociales, "un 47%, lo que viene a enfatizar la idea-fuerza de este Instituto de dotar y apoyar a las personas más vulnerables con una red de protección social".
El presidente de Cáritas agradeció "el apoyo y el compromiso del Ayuntamiento de Santa Cruz".
"En 2013, apuntó Ruiz del Castillo, el 25% de las 480 personas que llegaron sin empleo a Cáritas, algo más de cien, fueron insertados laboralmente, incluso con algún contrato indefinido. Es un éxito del Departamento de Empleo, que se ocupa tanto de los trabajadores como de los empresarios".
El Centro de Estancias Diurnas HASSIDIM es un proyecto dirigido a personas mayores semidependientes donde se ofrece seguimiento sanitario, terapia ocupacional, alimentación, talleres y actividades de ocio y tiempo libre. "Hay mayores que han aprendido en estos talleres a leer y escribir . Se ocupa de unas 25 personas de media al año", apuntó Ruiz. Recibirá 40.000 euros este año.
El Centro de Acogida a Familias Monoparentales Atacaite está destinado a mujeres y familias monoparentales en situación de riesgo, extrema desventaja, malos tratos e indefensión. Presta además servicios de alojamiento, apoyo social, jurídico y psicológico. "Hasta sesenta o setenta personas de media y con lista de espera", indicó el presidente. La aportación municipal en 2014 será de 40.000 euros.
El Proyecto Lázaro recibirá 25.000 euros este año. Dirige sus recursos y atención a personas (unas 30 anualmente) con VIH/sida o en riesgo de padecerla, con patología dual, desarraigo social y familiar, dando prioridad a mujeres solas, así como jóvenes con problemas de drogodependencia y toxicomanía. Las acciones se desarrollan a nivel individual y grupal, siendo las líneas de acción la atención, apoyo y promoción, así como la prevención.
Por último, el proyecto Intervención Social con Personas Sin Hogar (65.000 euros) está dirigido a mejorar la calidad de vida de estas personas (180 de media) través de un proceso de desarrollo personal, con varias fases mediante la asistencia y promoción para la integración social y laboral.
La mediación a última hora de la mañana de ayer del alcalde accidental, José Ángel Martín, y de la concejala del IMAS, Alicia Álvarez, hizo desistir de su intención de mantener una huelga de hambre a Lucianna Holluy, una vecina de 27 años amenazada de un desalojo de la vivienda que ocupa en el barrio de San Pío, junto a su marido y su bebé de siete meses. Los términos del acuerdo se darán a conocer hoy, aunque pasarían por un alquiler social. Lucianna, nacida en Las Palmas aunque con diez años de residencia en el municipio -"mi apellido es extranjero, pero soy canaria cien por cien", dijo- anunció su intención en el pleno del pasado viernes como protesta contra el desalojo de la vivienda de protección oficial en la que convivía con la adjudicatoria ya fallecida. Un juzgado decretó el desalojo con "fecha abierta" a petición de Viviendas Municipales al no ser adjudicataria. Lucianna denunció en rueda de prensa convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) -intervino Elvira Évora- el trato del ayuntamiento, que calificó de "vejatorio", especialmente desde Viviendas Municipales. Desde 2011 no cobra ninguna ayuda y el año pasado comenzó a vivir con la beneficiaria de la VPO. Una vez que falleció, Holluy intentó sin éxito regular su situación para lograr una alternativa habitacional. Según la afectada, en el ayuntamiento "le han cerrado las puertas" y agotó las vías legales.
La portavoz de PAH, Elvira Evora, denunció el desalojo forzoso, ya que "es ilegal y atenta contra los derechos humanos" e instó a los partidos políticos "a poner las viviendas públicas a disposición de los ciudadanos".