"Es te no es un acto individual sino colectivo. Lucianna tiene derecho a lo que ha logrado gracias a su lucha. Esto es lo que debían haber hecho hace cuatro meses los servicios sociales cuando acudió a ellos". Así se manifestó Inma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), respecto al preacuerdo alcanzado por el ayuntamiento con Lucianna Hulloy, la vecina que se había puesto el lunes en huelga de hambre en la puerta de la Casa de los Dragos para protestar contra el desalojo de la vivienda de protección oficial que ocupa.
El alcalde accidental, José Ángel Martín, y la concejala del IMAS, Alicia Álvarez, firmaron el acuerdo que hace efectiva la paralización del desalojo con fecha abierta, la búsqueda de una alternativa habitacional, así como el restablecimiento de ayudas para el alquiler "que le habían negado".
El ayuntamiento ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 la suspensión del desalojo por un periodo máximo de tres meses. El acuerdo contempla el compromiso de la familia a buscar una vivienda en el municipio. El IMAS se compromete a abonar un alquiler de un máximo de 300 euros mensuales durante ocho meses, a través de la Prestación Económica para el Alquiler (PEA) con un máximo de 2.400 euros al año.
La PAH ve "irregular" el proceso del desalojo forzoso
La PAH criticó ayer "el irregular proceso de desalojo seguido por Viviendas Municipales en el caso de Lucianna con una denuncia presentada por un particular, que no es propietario de la VPO, y el ayuntamiento como perjudicado". El concejal Guigou exigió al Gobierno "que recurra en el juzgado el desahucio de Lucianna al hacerse mediante un procedimiento escandaloso e irregular". Por su parte, Corrales valoró: "El Gobierno funciona a base de protestas ciudadanas, apagando fuegos, tras provocar el incendio. Lucianna ha tenido que ponerse en huelga de hambre para que hagan algo y es uno de cientos de casos sin resolver".