Este año, como en los anteriores, se ha acabado el dinero que presupuestó el Gobierno de Canarias para el pago de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Esto quiere decir que ni renovaciones ni nuevas altas se están pagando desde mayo. Y que personas como Juan (nombre ficticio), que vive el Albergue, no puede dejar el Centro Municipal de Acogida hasta que no reciba el pago.
Su caso solo es uno más en Canarias, pero ofrece una idea de las difíciles situaciones a las que se enfrentan las personas que piden una ayuda de estas características y que, a pesar de estar aprobada, no se abona.
Juan pidió la PCI a principios de septiembre de 2013, en octubre de 2013 recibió su plan de inserción social del Gobierno de Canarias, donde se le especifican las condiciones que implican recibir esta prestación (como asistir a cursos). "Después, silencio total", dice.
El mes pasado, a través de la trabajadora social del Albergue, pudo saber que su PCI estaba aprobada, aunque no sabe desde cuándo. "Tengo una habitación buscada por 150 euros, pero el señor no va esperar por mí", explica.
Hasta que Juan no reciba el pago de la PCI no podrá empezar lo que el llama "una vida normal". Porque residir en el Albergue, que él dice que tiene cosas muy buenas, implica rutinas extrañas para un adulto "como acostarse a las 20.30 horas" .
En el Instituto de Asuntos Sociales (IMAS) de Santa Cruz de Tenerife han crecido las peticiones de nuevas altas en la PCI un 47,17% desde 2010, cuando se registraron 460, a 2013 (677 solicitudes).
En los primeros cinco meses de este año se han registrado un total de 110 peticiones de nuevas altas en la PCI.
El Gobierno de Canarias aseguró a EL DÍA que este verano se han "dado de alta en nómina 147 altas y 140 renovaciones" en toda Canarias. Y que este mes de septiembre la cifra alcanzará las 160 altas y 150 renovaciones.
El sistema por el que solicitan este tipo de ayudas se ha ido agilizando, pero sigue siendo complejo. Las trabajadoras sociales que gestionan estas ayudas trabajan para el Ayuntamiento, pero el dinero para contratarlas viene del Gobierno de Canarias. Hasta que este último no confirma la partida el consistorio no pueden contratarlas. Además, este año el Ayuntamiento tuvo un problema judicial que dilató que no pudieran empezar a trabajar hasta marzo.
Según la concejal delegada del IMAS, Alicia Álvarez, desde que una persona quiere pedir la PCI hasta que la ven "se tardan semanas como mucho".
El siguiente paso es enviar toda la documentación a la Dirección General de Asuntos Sociales del Gobierno canario, para lo que se tarda "un mes de media", añade Álvarez.
Los plazos máximos por ley son tres meses de tramitación y seis para aprobarla o rechazarla. Y luego, que haya dinero. En caso contrario, se repite el caso de Juan. Tener la necesidad, tener la aprobación sobre el papel, pero la cuenta y la cartera vacía.
Ofra, la UTS con más personas en lista de espera
La Unidad de Trabajo Social (UTS) de Ofra es, de las siete que hay en la ciudad, la que más personas tiene en lista de espera para solicitar la PCI, un total de 162. Le sigue la de Añaza, con 113. A la cola se encuentran la del Centro, con 12, y la de San Andrés, con 15.
A pesar de estos bajos datos, la UTS de centro tiene 31 solicitudes recogidas, pero que aún no ha enviado a la Dirección General, y la de San Andrés, 20.
Por otro lado, de los 101 expedientes iniciados este año para nuevas altas en la PCI, sólo hay cuatro resueltos. Y de las 665 de 2013, aún quedan 238 sin resolver.
Respecto a las renovaciones resueltas en Santa Cruz de Tenerife, ascienden este año a 448, de las que solo 13 se han denegado.