La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó ayer la paralización temporal del proceso de emisión y cobro de recibos de la tasa de mantenimiento de nichos y panteones, al haber detectado "irregularidades" en este proceso. Por este motivo, se va a iniciar un expediente en el que "se determinen los posibles incumplimientos contractuales".

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, explicó a EL DÍA que alguna de estas irregularidades detectadas era que "la factura o el recibo que se gira no es el mismo recibo que la empresa le comunica al ayuntamiento que va a girar. Es curioso que se omita eso". Además, Bermúdez también mencionó que se hayan enviado recibos de cobro "a personas ya fallecidas".

El expediente iniciado "puede terminar en sanción, si existe alguna irregularidad y eso se demuestra", dijo el alcalde. Hizo hincapié, asimismo, en que Cetensa les remitió una comunicación el 25 de septiembre en la que pedían al consistorio autorización para empezar a girar la tasa, pero que no esperaron a obtener dicha autorización.

En la Junta de Gobierno también se hizo mención al "uso irregular del escudo" del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde también recordó que van a realizar "una auditoría de gestión" de Cetensa, por lo que "parece lógico que mientras se realiza esta auditoría de gestión no se proceda al cobro de esa tarifa. Y si se hiciera, porque puede tener derecho la empresa, que se haga bien".

La decisión de realizar una auditoría de gestión de Cetensa fue una decisión unánime del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en junio de 2013. De hecho, se partió de una moción de Sí se Puede que pedía requerir informes técnicos y remitir el asunto a la Fiscalía. Dicha moción fue rechazada, pero, en su lugar, todos apoyaron la auditoría de gestión que, más de un año más tarde, aún no se ha contratado.

Así, no es que Cetensa se vaya a quedar sin cobrar la tasa de mantenimiento, sino que volverá a cobrarla de las arcas municipales, no de los 25.000 particulares que tienen enterramientos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

De estos 25.000, alrededor de 500 ya habían abonado la tasa que les requería Cetensa, pero el alcalde de Santa Cruz de Tenerife subrayó ayer que había ordenado que se les devolviera el dinero.

Se cobre finalmente o no esta tasa de mantenimiento al ciudadano, Bermúdez reiteró que en ningún caso tendrían que pagarlo los jubilados, parados o personas que cobrasen menos del salario mínimo interprofesional.

Sobre el hecho de que los residentes en Las Palmas de Gran Canaria no tengan que pagar esa tasa, Bermúdez aseguró "Las Palmas está en tribunales". "Nosotros ya fuimos a tribunales y lo perdimos", recordó. "Es una sentencia que yo espero que aplique el mismo criterio en Santa Cruz que en cualquier otro municipio de España", concluyó.

Fuentes del actual equipo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria aseguraron que la tasa de mantenimiento estaba suspendida desde 2011 y que, en la actualidad, "ni está ni se la espera".

La empresa Cetensa acordó en 1997 la suspensión temporal de estas tasas durante tres años, pero pidió que se le compensara el desequilibrio económico. Dicha compensación fue aprobada en el Pleno de junio de 1998, en forma de un derecho real sobre un terreno municipal junto a Santa Lastenia durante 75 años. Además, de autorizarle a que cediera a terceros este terreno.

Así, en 2001 reclamó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la tasa de mantenimiento y, ante la negativa de éste a abonarla, decidió llevarles a los tribunales. Cetensa ganó su reclamación en 2011 y, desde entonces, reclama todos los años 650.000 euros en concepto de tasas de mantenimiento de nichos y panteones al consistorio chicharrero.

Además, Cetensa se negó durante años a pagar el canon obligado por la ley al consistorio y éste trató de llegar a un acuerdo con la empresa para detraer de dicho canon las cantidades que supuestamente adeudaba el consistorio por las tasas, pero sin éxito.

Por otro lado, también está el hecho de que el tanatorio tampoco paga canon al consistorio porque pagó por la cesión del terreno a Cetensa tres millones de euros e hizo una gran inversión en la construcción del mismo.

Mémora, la empresa que explota el tanatorio, "ha anunciado que quieren pagarlo por lo que ahora hay que sentarse y llegar a un acuerdo. Intentamos evitar los pleitos judiciales", explicó José Manuel Bermúdez.

El Ayuntamiento no quiere volver a perder el control de los cementerios, por lo que ayer se decidió crear una comisión de trabajo integrada por técnicos de Cetensa y del consistorio para decidir "el modo correcto" de llevar a cabo los cobros.

Un acuerdo plenario "perdió" a Santa Cruz

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) rechazó todos los recursos que interpuso el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El motivo, según los fundamentos jurídicos, fue el acuerdo del Pleno de diciembre de 1997 que "aprobó suspender por plazo de tres años la aplicación de la tasa de mantenimiento del servicio de cementerio [...] partiendo de que las tasas forman parte del conjunto retributivo de la empresa concesionaria de la gestión", según consta en el texto del fallo al que ha tenido acceso EL DÍA.

La sentencia detalla que "las cláusulas del pliego establecían el derecho a cobrar la citada tasa de mantenimiento, punto sobre el que las partes están conformes, al igual que manifiesta su conformidad en la existencia de un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, donde se acuerda la supresión temporal".

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha llegado hasta el Tribunal Constitucional en busca de amparo, debido a que no le admitieron un recurso de amparo por presentarlo, supuestamente, fuera de plazo. El Constitucional le dio la razón en abril de este año y ha ordenado anular la sentencia de la sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que declaró la inadmisión del recurso de apelación y retrotraer las actuaciones. De forma que ahora ha de dictarse una nueva resolución judicial con respeto al derecho fundamental reconocido.

Las empresas Canaricem y Cetensa, que cuentan con el mismo administrador, alegan la necesidad de mantener el "equilibrio económico-financiero" de la concesión. Sin embargo, en el caso de Santa Cruz de Tenerife se tiene en cuenta, no sólo el pliego del contrato, sino también el acuerdo plenario que aceptó dicha tasa e ideó una forma para compensar a la concesionaria de la suspensión durante tres años.

La diferencia, no obstante, es que hasta hoy Las Palmas de Gran Canaria sigue luchando en los tribunales contra la tasa.

Arcila pide la dimisión de Dámaso Arteaga

Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, concejales de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, exigieron ayer al alcalde, José Manuel Bermúdez, la destitución "inmediata y fulminante del edil delegado de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, después de que la Junta de Gobierno ordenara hoy la paralización del cobro de la tasa de cementerios". Arcila y Frías piden la destitución de Arteaga "por velar por los intereses de las empresas privadas. Pedro Fernández Arcila consideró que el ayuntamiento debía "haber actuado mucho antes" y que ha "desoído los informes técnicos" que les decían que no se debía aplicar. "Este es el final de un serio despropósito", dijo, para añadir que han demostrado que "no hay criterio".

Garcinuño: "Esto es una improvisación absoluta"

Carlos Garcinuño, concejal del Partido Popular (PP), calificó de "improvisación absoluta" el comportamiento del gobierno local respecto al cobro de las tasas de mantenimiento de Cetensa. La última decisión de la Junta de Gobierno, en su opinión, demostró que el actual equipo de gobierno municipal "actúa en función de la presión mediática". Sobre el contrato de Cetensa, Garcinuño mostró su preocupación porque la empresa concesionaria dijera "siete años después" de la adjudicación que no tenía dinero, a pesar de que se le había cedido una parcela por 75 años "sin ninguna contraprestación", en referencia a la del tanatorio. La gestión de esta crisis, dijo, muestra que "el alcalde se desautoriza a sí mismo, no sólo a su concejal de Servicios Públicos".