Era una Comisión de Control esperada por la enjundia, a priori, de los temas a tratar, léase tasa de cementerios o cuentas "enterradas" en el barranco de Santos, pero acabó sin conclusiones decisivas y con un desarrollo bastante más "light" que otras veces. El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, reconoció que la recuperación de la Vía Arterial fue "una obra lenta y cara", cuyo coste total cifró en 105 millones de euros, de los que aún restan diez por pagar a causa de distintos "flecos". José Manuel Corrales, de XTF, que pidió la comparecencia, se ratificó en su acusación de supuesta corrupción.
La mañana ya empezó mal con la protesta de la oposición al equipo de gobierno por haber convocado a la misma hora una rueda de prensa "por motivos de agenda". Eso obligó a empezar por el punto sobre la red de huertos urbanos. Fue el único momento, al contrario que otras veces, en el que el público presente en la sala García Sanabria -mucho mérito tuvieron con el impresionante calor que hacía- participó de manera activa. En este caso, al mostrar carteles, incluido un elocuente "alcalde, no seas batata", para defender una red de huertos urbanos, "aprobada en pleno hace año y medio sobre la que no se ha hecho nada", según apuntó Asun Frías, de Sí se Puede.
Y vuelta al barranco de Santos, su obra, sus cuentas y su estado actual. Martín cifró el coste total en 105.010.482 euros, de los que restan por abonar algo más de diez por expropiaciones (2) y parte de la ejecución (8). Afirmó que, en números redondos, ya se han pagado 94,7 millones, de ellos 70,1 por el ayuntamiento y el resto (24) por otras administraciones.
"Es un disparate hablar de un 700% de desviación -añadió Martín-, ya que ese capítulo apenas supera los siete millones y medio. Los técnicos de la Gerencia estimaron que es un suelo rústico, pero, por desgracia, aunque ganamos en el TSJC, hay que acatar la sentencia contraria del Tribunal Supremo que lo califica de urbano. Los pagos están reconocidos, por sentencia o acuerdo extrajudicial".
El edil rechazó que hubiera cuatro reparos de intervención contra una factura de pago por indemnización. "Solo uno suspensivo, lo demás fueron observaciones. Se hizo el modificado del proyecto y se solventó. Y recuerdo que los únicos órganos que pueden levantar un reparo son el alcalde, la Junta de Gobierno o el Pleno, no el Consejo Rector".
Respecto al cese de la interventora delegada afirmó que fue "una decisión técnica no política a propuesta del interventor general y por decreto del alcalde al ser una habilitada nacional". Prometió seguir investigando "expediente a expediente, una labor tediosa pero necesaria" para comprobar que todo se ha hecho bien.
Guigou entiende "increíble que el interventor no sepa a día de hoy el coste de una obra para nosotros necesaria y reclamada por los vecinos para unir La Salud con el centro". Rechazó el "desfase desproporcionado del presupuesto para hacer unas escaleras mecánicas que no se usan desde el día de la inauguración o unas canchas de pádel inclinadas que a lo mejor le vienen bien al concejal (Martín) a la hora de jugar a ese deporte al que es aficionado. Y la fase 5 ni se ha acometido ni hay intención de hacerlo. Otro caldero que se abre y tufa. Como todos, y el que más, la refinería. Podríamos pedir el presupuesto a la Autoridad Portuaria ahora que quieren hacer el barranco navegable".
Ana Zurita (PP) solicitó "máxima claridad en las cunetas" aunque no estuvo de acuerdo en la desviación que apunta Corrales. Sí reconoció que "lo que se hizo está pudriéndose. Un parque lineal único en Europa sucio, deteriorado y sin validez para el uso pretendido".
Pedro Arcila (Sí se Puede) valoró sobre todo la "importancia de definir el incremento en cada una de la fases de la construcción".
Dámaso Arteaga, cuyo área, Obras y Servicios Públicos, se desgajó de la Gerencia de Urbanismo en 2010, aseguró desconocer el informe que presentó ayer Martín pero aseguró: "Hay obras vinculadas al contrato principal del convenio y obras que no, porque hablamos de cuatro grandes fases o tramos con su correspondiente modificado, licitación y adjudicación a una empresa ganadora con procesos transparentes. Usted cuenta una fase, señor Corrales, y fueron cuatro. El Consejo Consultivo de Canarias ha avalado muchos de esos expedientes. El Gobierno adelantaba el dinero y se ha ido prorrogando para una obra costosa. Y si hay indicios de corrupción hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente".
Corrales no se mostró convencido con las explicaciones y valoró que "Dámaso Arteaga habló en su día de 84 millones y ya van por 105". Criticó que "no quieren hablar de los convenios de financiación ni pedir responsabilidades a los directores de la obra principal del municipio. Los mismos que redactaron el Plan General y, según las consultas que hemos hecho, eso tiene un dudoso encaje legal".