De las 275 peticiones de Prestación Canaria de Inserción (PCI) resueltas este año por los Servicios Sociales de Santa Cruz de Tenerife solo se están cobrando dos. El dato lo dio la propia concejal de Asuntos Sociales, Alicia Álvarez, en la última Comisión de Control, ante las exclamaciones de consternación de todos los concejales presentes.

Hay 273 personas en Santa Cruz de Tenerife en situación de extrema necesidad que no cuentan con ningún otro ingreso, que tienen aprobada la PCI, pero que no la están cobrando por falta de provisión de fondos por parte del Gobierno de Canarias.

María Mercedes Castro (41 años) y Juan Manuel Jiménez (64 años) son dos de estas personas, ambos residentes en Ofra, uno de los barrios más castigados por la crisis económica y en el que más ayudas se solicitan.

María Mercedes explica que renovó la PCI en abril, pero que le avisaron de que "los últimos meses no podían cumplirlos" porque no había dinero. No obstante, explicó que consiguió que le concedieran "una ayuda alimentaria". Ella es madre soltera, tiene un hijo de 6 años, y vive con su madre, que es viuda y tiene una pensión no contributiva. "Mi madre dice que prefiere pasar necesidad a que le quiten la casa", comenta, para añadir que después de pagar todos las obligaciones, impuestos, "quedan 70 euros para comer todo el mes".

Esta vecina de Ofra lleva cuatro años parada y no consigue, por más que lo intenta un trabajo. Lucha por aguantar las lágrimas cuando explica que la última vez que acudió a una entrevista de trabajo para trabajar en una tienda, la propietaria le dijo que "no daba el perfil porque estaba gorda". "Yo he sido muchos años comercial, yo sé cómo tratar a la gente con educación y respeto", argumenta.

También cuenta que la rechazaron en un curso de electricidad del Inem por ser mujer, a pesar de que su padre, "que era un manitas", le enseñó algo de electricidad.

El caso de Juan Manuel Jiménez es el de un emigrante canario que regresó a Canarias. "No tenía que haber vuelto. Si pudiera me iba. Llevo cuatro años buscando trabajo y no ha habido manera", explica.

Comparte piso con siete personas y va tirando con la solidaridad de estas, que le dan de comer a cambio de que, cuando cobre la PCI, puedan echar cuentas. "Diez meses tardé en que me la pagaran la primera vez", recuerda. Ahora, a pesar de que la renovó no ha cobrado nada desde 31 de agosto. En el caso de María Mercedes, el último pago fue en mayo.

Ambos intentan sobrevivir a duras penas. Son las caras que hay detrás de las cifras de impagos de la PCI. Excluidos incluso del cobro de una ayuda básica, que deja de ser ayuda en el momento que no se paga. Algo que, por cierto, pasa todos los años.