En lo que definió como "una declaración institucional", el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, recordó que la Administración insular trasladó a la Fiscalía Provincial, el 14 de octubre, "la serie de investigaciones y diligencias realizadas sobre actuaciones en el servicio de carreteras, ante los indicios de que se había obrado sin ajustarse a derecho".

El motivo de tal decisión obedece a "causas distintas a las que motivaron la investigación abierta en 2011, que concluyó, también entonces, con acuerdo del Cabildo de traslado a la Fiscalía, sin que se dedujera ninguna consecuencia penal o de otro tipo con posterioridad".

En su página de Facebook, Alonso también mencionó la "sustracción en las cuentas de Sinpromi, donde el propio autor de esta estafa de fondos confesó desde el primer momento una apropiación indebida doblemente dolorosa: por ser fondos públicos del patrimonio insular y por ser fondos necesarios para una sociedad cuyo fin principal es la integración de las personas con discapacidad".

El presidente reitera que la Corporación denunció ante la Fiscalía cuando tuvo los indicios

El presidente dijo que, "con la debida prudencia y discreción, pero con toda la contundencia que requieren ambos casos, el Cabildo los ha denunciado".

Alonso anunció que su gobierno actuará del mismo modo "cuando existan pruebas o indicios de la comisión de ilegalidades" con el fin de que "el interés público no se vea perjudicado ni, tampoco, el de aquellos servidores públicos que actúan con rectitud. Y para que los tinerfeños mantengan la histórica confianza que han depositado en el Cabildo".

En su "declaración institucional", también se comprometió a "que ningún daño al patrimonio insular o a la reputación del Cabildo de Tenerife quede sin ser reparado".