Pasado viernes, 31 de octubre, día de Halloween, 9:30 horas. Agentes de la Policía Local de Santa Cruz observan un vehículo, en concreto un Dacia Sendero de color azul, aparcado en una zona de la avenida de Anaga limítrofe con la plaza de España, justo debajo de una señal de prohibido estacionar. Después de proceder a multar ante la "flagrante" infracción del tráfico, los policías llaman a la grúa para que retire el coche y lo traslade al depósito, lo cual lleva a cabo con absoluta normalidad el servicio de la concesionaria encargada de su retirada de la vía pública. Hasta ahí todo normal. Pero la noticia está en que, según ha podido saber EL DÍA, ese coche salió de las dependencias municipales de la avenida Marítima sin tener que abonar los aproximadamente 90 euros que le cuesta "la broma" a cualquier hijo de vecino.
La razón de esta situación inusual sería la siguiente: un alto cargo policial habría autorizado la salida sin abonar las tasas que establece la normativa porque el turismo es propiedad de un senador, en este caso el socialista José Vicente González Bethencourt.
Probablemente acuciado por las prisas, aunque eso no está confirmado, el político dejó sobre el cuadro delantero, bajo el parabrisas y bien visible, un periódico con su número de teléfono móvil escrito y una tarjeta identificativa de su condición de miembro de la Cámara Alta.
Fuentes municipales confirmaron ayer que "el vehículo fue retirado de la vía pública al encontrarse mal estacionado". "Ya en el depósito municipal -continúa el relato- el conductor (González Bethencourt) llama por teléfono y tras advertir que e s senador asegura que han sancionado erróneamente al Dacia Sendero de su propiedad porque es un vehículo autorizado y estacionado en una zona reservada para plazas del Cabildo". Las mismas fuentes precisaron que "se actuó de buena fe desde la autoridad policial que tomó la decisión, y sin verificar la versión del senador, se permitió la salida del vehículo inmovilizado a la vía pública".
Por último, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz aseguran que "el expediente incoado para imponer la sanción correspondiente por aparcar donde está prohibido continuará su tramitación como la de cualquier otro ciudadano".