El abogado de Félix Marrero, que ejercía la recaudación voluntaria hasta enero de 2014, reclamó ayer al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que le abone las indemnizaciones que tuvo que sufragar a consecuencia del acuerdo plenario de noviembre que anuló el contrato con el recaudador.

Por su parte, el letrado de 22 de los trabajadores, José Luis Arias Machuca, y Sara Comas, que se representaba a sí misma como trabajadora de la recaudación, pidieron que se reconociera que se había producido una cesión ilegal de trabajadores, al considerar que los auxiliares que trabajaban con Marrero recibían órdenes del ayuntamiento y compartían elementos patrimoniales tales como las oficinas descentralizadas del consistorio o la aplicación informática Alia, que era propiedad municipal.

Marrero, que fue llamado a declarar, aseguró que las vacaciones de los trabajadores "eran pactadas" con el consistorio, puesto que "en agosto no había tributos periódicos". Y que, incluso, se cambió la festividad de San Mateo, patrón del recaudador, por el de Santa Rita, patrón de los funcionarios.

El letrado del Ayuntamiento de Santa Cruz afirmó, por su parte, que las vacaciones del personal del consistorio "se resuelven por acto administrativo" y que en estas nunca han estado los trabajadores de recaudación voluntaria. Asimismo, tildó la relación existente en los funcionarios municipales y los trabajadores de la recaudación voluntaria de "meras anécdotas" y rechazó que se hubiera producido cesión ilegal de trabajadores ni represalia ninguna.

No obstante, el letrado del consistorio avanzó que, en el caso de que se considerara que existió cesión ilegal, se tuviera en cuenta que es "imposible material y jurídicamente" para el consistorio asumir a los 23 trabajadores, puesto que "no son funcionarios" ni están en la RPT.

También fue llamada a declarar como testigo a la que fue jefa de sección de Recaudación desde 2007 a agosto de este año, quien aseguró que el consistorio cuenta con "once funcionarios dedicados a la recaudación voluntaria".

En su declaración aseguró que todas las peticiones de domiciliaciones entraban "por el registro municipal", no por las oficinas o trabajadores dependientes de Félix Marrero, que se dedicaban solo a la recaudación voluntaria, aunque con los padrones y programa informático municipal y, en algunos casos, en oficinas municipales.

El juicio, que duró alrededor de dos horas, quedó visto para sentencia. En el mismo estuvieron miembros de Comisiones Obreras del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife "en apoyo" de los trabajadores de recaudación voluntaria.