"Nos pidieron perdón todo el tiempo, una y otra vez, hasta cuando nos íbamos". Así recuerdan Julio y Melania, una joven pareja de El Sobradillo, su experiencia en la UTS del Suroeste. Allí les dijeron que un error, asumido por los trabajadores, obligaba a devolver al principio el proceso para recibir la prestación canaria de inserción (PCI), pedida en mayo, cuando estaban a punto de cobrar en octubre los 583 euros que les correspondían. Por si no fuera poco, en marzo solicitaron la ayuda básica para una compra de alimentos (130 euros) y a día de hoy, ocho meses después, sigue "en trámite".

Julio y Melania, que tienen un hijo de un año, Neymar (se presume futbolero), forman parte de esos cientos de chicharreros a los que los servicios sociales municipales no han podido o sabido responder de manera proporcional a sus necesidades. Solo el esfuerzo de ONG como la recientemente creada en Santa María del Mar o Sonrisas Canarias "nos permite sobrevivir".

Julio estudió jardinería y lleva tres años en paro, pese a que presenta currículos "en todos lados". Melania es alumna del IES El Sobradillo (el de la plaga de pulgas, que también sufrió), donde cursa cuarto de la ESO. La familia vive en casa de la madre de ella.

Moisés Barreto, presidente de ASAE, acompaña a los chicos, a los que había visitado el pasado martes. Califica de "desesperada" la situación de la pareja.

La historia se remonta al pasado 6 de marzo cuando solicitaron en la UTS la ayuda de alimentos de la compra de El Corte Inglés, en su caso por valor de 130 euros. Al pasar los meses y no tener noticias ("mi madre la pidió después y se la dieron en junio") acudieron a las trabajadoras sociales. Estas les dijeron: "Todavía está en trámites". Moisés lo considera "inadmisible. Antes tardaban dos semanas y llevan más de ocho meses". Pero el calvario siguió.

Dos meses más tarde, el pasado 5 de mayo, Julio y Melania pidieron la PCI. Posteriormente, les informaron de que estaba aprobada y que en octubre, en concreto el día 21, comenzarían a cobrarla. El 20 se presentaron en la UTS para preguntar a través de la asistenta social ("porque no nos hubiéramos enterado", apostillan). Les comentaron que por error, al faltar agregar al expediente un diagnóstico que debían hacer ellos, se la denegaron. Lo asumieron y les pidieron perdón, pero también les anunciaron que debían empezar de cero y hasta mayo de 2015 no cobrarían la PCI.

Moisés Barreto afirma: "No admitimos despistes ni errores. Lo que no se puede hacer es maltratar psicológicamente a las personas más necesitadas con malos gestos o contestaciones inadecuadas".

"En cuanto a algunas ayudas -apunta-, es absurdo lo que exigen hace un tiempo. Por ejemplo, si se pide un bono social de Titsa, la UTS reclama un comprobante del viaje. Pero si no tiene dinero ni para comprar un bono". "Lo mismo pasa -concluye- con la bombona de gas: tienes que comprarla primero para luego recibir la ayuda. Y con la luz. Requisitos absurdos y sin sentido. El IMAS debe buscar mejores fórmulas para que las ayudas no se demoren".