"Si el Ayuntamiento de Santa Cruz podía colocar un auditor externo en Emmasa desde el minuto uno y supervisar la gestión del ciclo del agua, cuál es el sentido de la intervención anunciada el mes de julio y ratificada el pasado lunes con el nombramiento de un funcionario municipal como interventor?" La respuesta a esta pregunta que se hace una fuente jurídica es una incógnita.

El Ayuntamiento de la capital tinerfeña "tenía sobre la mesa hace meses un plan de inversiones, cuya falta ha sido el principal motivo argumentado para la intervención". Además, añade la misma fuente, "había un principio de acuerdo supuestamente beneficioso para ambas partes justo antes de que se anunciara la medida el 21 de julio. ¿Por qué no se pudieron complementar de otra manera estas mismas medidas a través de un convenio amistoso que Sacyr ofreció?".

El consejo de administración habría creado una comisión mixta que reconduciría la situación. Pero esta opción fue descartada.

Para los expertos consultados, "este señor (el interventor nombrado, Rogelio Padrón) lo más que tendrá es un despacho en la sede de Emmasa en la calle Comodoro Rolín, pero el propio Consistorio reconoce en su comunicado que carecerá de responsabilidad alguna en la dirección de la empresa mixta. Eso es poner al contrario en ventaja en medio de la partida".

Siempre según estas fuentes, "el ayuntamiento lo que ha hecho es una operación de cara a la galería en un determinado momento que puede estar relacionado de alguna manera con la etapa preelectoral actual sin una intención clara de rescatar el servicio".

La empresa anunció a finales de julio el cambio en su cúpula directiva en Emmasa que se hizo efectivo el pasado 1 de septiembre. Entonces, el hasta entonces gerente, Jesús Blanco, fue sustituido por al actual, Alfredo Rodríguez. El consejero delegado de Valoriza, Fernando Lozano, que se desplazó a Tenerife, afirmó en ese momento: "Confiamos en que esta sea la senda para reconducir el entendimiento", añadió.

Los expertos han valorado que "el rescate de la concesión sería un suicidio porque de inmediato aparecerían los grandes bufetes de abogados con cartas ganadoras. El gasto sería imposible de afrontar para la ciudad".

El Plan de Inversiones, añaden, "no está periodificado ni en el pliego ni en la concesión, sino que las partes deben acordar el pago de los 45 millones del canon en 25 años. El informe de la auditoría abre una horquilla de inversiones".

Respecto al estudio de 31 páginas que une la auditoría externa con los informes de los servicios municipales, la base fundamental para la intervención, estas fuentes aseguran que tiene varias "debilidades jurídicas" en las que Sacyr podría basar sus hipotéticas alegaciones en esa vía.

El pasado lunes se abrió otro capitulo de la historia del ayuntamiento Emmasa y Sacyr, o más bien un apéndice del de julio. Y es muy probable que no sea el último.

Arteaga indica, si hay delito, "el camino de la Fiscalía"

Durante una entrevista ayer, en la cadena Ser, el concejal de Servicios Públicos y presidente del Consejo de Administración de Emmasa, Dámaso Arteaga (en la foto, segundo por la izquierda, junto a su antecesor, el socialista Julio Pérez, en una reunión de la empresa), reconoció que Sacyr había presentado ese plan de inversiones tan reclamado. Insistió en que si se detectan ilegalidades "no hay más que coger el caminito e ir a la Fiscalía. En absoluto pienso que eso sea así, todo lo contrario; lo que me consta son pasos para intentar reconducir la situación y ponerse a disposición del ayuntamiento para buscar soluciones. La empresa también necesita que se clarifique cuál es el tipo de contrataciones para poder, incluso, realizar hasta las obras que tiene encomendadas". "Si alguno cree que ha habido delito ya puede ir al juzgado directamente porque, además, esas personas ya conocen el camino. Han hecho un sendero de las veces que han ido a la Fiscalía".