"Campaña indecente", "pulso al estado de derecho" o "juicio paralelo mediático". Fueron algunas frases de los abogados Felipe Campos y José Pérez Ventura al defender ayer el derribo del mamotreto de entrada a Las Teresitas para cumplir así la sentencia firme de la Audiencia Provincial.
Ambos letrados rechazaron la supuesta posición prolegalización del edificio del Colegio de Arquitectos y se refirieron a "determinados profesionales con intereses" como Argeo Semán, Joaquín Mañoso - "responsable del mamotreto palmero, Los Tarajales"- y José Ángel Domínguez Anadón, "primo de uno de los condenados, Domínguez Pastor, y autor del plan general que dejó a 80.000 personas fuera de ordenación".
"La campaña está dirigida de forma directa a los servicios jurídicos municipales para presionar sobre el informe a emitir en breve", apuntó Campos, y añadió: "Este edificio no se puede legalizar salvo que se cambie el planeamiento y nunca por decisión técnica, como dice el alcalde -esperemos que no el PSOE- sino de voluntad política".
Insistieron en que "durante el juicio, el defensor Eligio Hernández se mantuvo silente, sin preguntar nada a nadie. Se demostró que el mamotreto se levantó a sabiendas de que no podía hacerse. Eso se llama prevaricación y es un delito".
"Siete días después de la sentencia -señalan- aprobaron un nuevo convenio con Costas en blanco para cambiar el uso de parte del terreno y luego el plan general, un fraude para hacer legal una ilegalidad". Campos se preguntó por qué "Sí se Puede votó a favor en la comisión previa y en contra en el pleno. Su concejal anunció una querella porque se habría falsificado su firma pero si no se ha interpuesto no habría falsificación".