El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, preguntó en la última Comisión de Control: "¿Qué medidas ha tomado el gobierno municipal para evitar que Emmasa siga cobrando los contadores de incendios después de conocerse las numerosas sentencias que desestiman el recurso, confirmando que el cobro es ilegal?". La respuesta Guigou la califica de sorprendente: "No se tiene conocimiento de las sentencias mencionadas".

"La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se lo notificó a la Secretaría del Pleno", aseguró, como presidente de dicha comisión, Guillermo Guigou.

De hecho, el resto de la respuesta de los Servicios Jurídicos del consistorio viene a detallar los artículos del reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado , tratamiento y vertido en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife que amparan dicho cobro.

En concreto, mencionan el texto de una ordenanza aprobada el 1 de enero de 2014 en la que se establece que la red de incendios tendrá "conexión separada a la red pública de suministro con aljibe y grupo de presión. Estará dotada con un contador independiente" y establece una "cuota de servicio" por trimestre, dependiendo del calibre, que va de un mínimo de 18,95 euros a 279,32 euros de máximo.

El concejal Guillermo Guigou se pregunta si es que los Servicios Jurídicos "no leen la prensa ni los dosieres de prensa que el ayuntamiento reparte a los concejales".

El edil de Ciudadanos de Santa Cruz se quejó de la falta de comunicación entre órganos de un mismo gobierno y de que "no se ordene a una empresa que tiene intervenida" que deje de cobrar esas cuantías.

Por otro lado, el letrado Arístides Miguel Rodríguez Zurita explicó que el despacho de abogados al que pertenece había ganado cerca de 20 sentencias sobre el cobro de contadores contraincendios por parte de Emmasa. Uno de ellos ya tiene una sentencia firme por la Audiencia Provincial al desestirmarse el recurso de la empresa mixta de aguas.

Rodríguez Zurita matizó que habría que ver "cada caso concreto" y que, en puridad, no se puede decir aun "que el cobro es ilegal".

Sin embargo, los que no reclaman lo siguen pagando y Guigou se pregunta qué pasará si todos esos millones, al final, no se debían haber cobrado.