El mamotreto llevó ayer al límite el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y grupo socialista. Las artimañas dialécticas de algunos concejales de la oposición forzaron un enfrentamiento más allá de los términos pactados entre ambas formaciones políticas, que son: seguir las instrucciones de los informes técnicos y cumplir las sentencias judiciales.

El primero en poner en un brete el pacto fue Guillermo Guigou, edil de Ciudadanos de Santa Cruz, que leyó un texto para añadir que bien podía ser "el acuerdo de la moción planteada hoy". El texto decía: "El derecho a la ejecución de la sentencia es de un esencial interés público como fundamento del Estado de derecho y del valor superior de la Justicia que demanda que se cumplan las sentencias de los tribunales en sus propios términos y no en los que decidan las partes según sus conveniencias o arbitrios. La potestad de ejecutar las sentencias en el ámbito contencioso-administrativo corresponde a los jueces o tribunales que hayan conocido en primera o única instancia".

José Ángel Martín, primer teniente de alcalde socialista, opinó que "todos los partidos políticos debemos estar de acuerdo con la moción en estos términos", "porque es de sentido común que se cumplan las sentencias".

Acto seguido, José Alberto Díaz Estébanez, concejal que ejercía la portavocía de CC, cortó: "Es que no es en esos términos en los que se ha presentado la moción".

Díaz-Estébanez recordó que el texto de la moción que se traía a pleno hablaba de la demolición inmediata del mamotreto y de la destitución de los técnicos condenados a inhabilitación, también de forma inmediata. "La posición de este equipo de gobierno es la que siempre ha sido: ejecutar la sentencia en sus términos y fundamentos", recordó.

En este punto, también estuvo de acuerdo con Martín, quien recordó que había que esperar a la respuesta del Juzgado, que es quién tenía que decirles cómo debían ejecutar la sentencia.

Y ahí fue donde comenzó a liarse. En repetidas ocasiones, Díaz-Estébanez y hasta el propio alcalde le preguntaron a Guigou si cambiaba los acuerdos de su moción. Este, en vez de responder afirmativamente o negativamente, comenzó un baile de explicaciones que no lo eran: "Mi moción es la que es, la del 14 de noviembre", "lo que pido es ejecutar la sentencia". De tal forma que no quedó claro lo que quería o no, ni las intenciones últimas de "este maridaje", como él mismo lo llamó. La impresión que quedó es que estaba forzando que el PSOE votara a favor y CC, junto con PP, en contra. Que fue lo que ocurrió.

El segundo asalto vino de la mano del PP, que representó también una moción que ya tenía para legalizar el mamotreto, pero modificando los acuerdos. CC le propuso un texto de cinco puntos, pero el PP añadió un sexto.

Así, el alcalde propuso que se votaran de forma separada, aunque Díaz-Estébanez adelantó que iban a votar a favor a los cinco primeros puntos. Este comentario fue aprovechado por Manuel Fernández, concejal del PP y proponente de la moción, para sugerir que se votaran en bloque los cinco primeros y volver a colocar el pacto entre la espada y la pared. Al final, el alcalde dijo que los puntos se votaban por separado, de forma que PP y CC coincidieron en los cincos primeros puntos. El PSOE se abstuvo en el punto de dar cuenta al Juzgado de lo Penal de un informe de la COTMAC posterior al juicio, pero CC y PP votaron a favor y también en el punto quinto, que expresaba la voluntad política de conservar parte del edificio. Ahí PSOE y grupo mixto votaron en contra.

El trance pasó, pero no se sabe si el pacto resistirá muchas más pruebas como la de ayer.

Bermúdez: "Voy a ir a hablar con el juez"

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se mostró ayer indignado e "impotente" ante el estado del acceso al campo de fútbol.

Bermúdez, que recordó que había firmado dos decretos para ocupar la parcela en cuestión y construir los accesos, recordó que la Justicia les había denegado, en las dos ocasiones, la ocupación forzosa de los terrenos. "La pregunta es qué es lo que tiene que ocurrir para que nos autoricen y hagamos la obra", se preguntó. En este sentido, recordó que tenían un informe del Consejo Insular de Aguas que decía que San Andrés estaba en grave riesgo si no se acometían las obras de encauzamiento del barranco, que están unidas, sostuvieron, a las del acceso al campo de fútbol.

El primer teniente de alcalde explicó que se le iba a pedir a Desurcic que aportara el proyecto y la duración para presentárselo al juez y volver a pedir que autorice la ocupación de los terrenos que están inscritos a dos nombres. Si Desurcic se negara, se iniciaría por ejecución subsidiaria.

"Voy a llamar al juez y hablar con él personalmente", dijo el alcalde, para hacerle entender el riesgo al que se está exponiendo al pueblo de San Andrés. Todos estuvieron de acuerdo en esto, aunque no con el texto de la moción de Ana Zurita, del PP, que pedía que se hiciera solo el acceso, no toda la urbanización.