El auto que pone fin a las diligencias previas de la compraventa del frente de Las Teresitas y abre el plazo para formalizar las acusaciones es como una novela corta de género negro. En él aparecen supuestas intrigas y conspiraciones, así como inexplicables omisiones para realizar un contrato privado de compra del frente de la playa de Las Teresitas por encima de valor que el terreno tenía en el mercado.

El auto, de 36 páginas, desgrana una historia con antecedentes que se remontan a 1961, cuando se aprueba el Plan de Ordenación del Barrio de San Andrés y Las Teresitas. En 1964 "se constituyó la Junta de Compensación, que quedó registrada en 1967". Ese mismo año, la Junta decide "aportar al Ayuntamiento 50 millones de pesetas como contribución a las obras de la playa, haciendo sido cedidos a este, con la finalidad exclusiva de financiar las obras expresadas, los terrenos que forman la franja que bordea la playa de Las Teresitas, cuyo límite superior coincide con el comienzo de la carretera de Igueste de San Andrés".

Así, los propietarios, constituidos en Junta de Compensación para defender sus derechos, cedieron estos terrenos al Ayuntamiento como pago por las obras de urbanización.

Después de esto, se reduce la edificación prevista y se dejan sin efecto los convenios anteriores.

En 1987, la Junta de Compensación da el visto bueno al Proyecto de Compensación Playa de Las Teresitas, que el Ayuntamiento aprobó en un Pleno en 1989 con el nombre de "Proyecto de reparcelación por el sistema de compensación del Plan Parcial del Polígono de Playa de Las Teresitas". Se valoran los terrenos integrantes en dicho proyecto en "4.500 millones de pesetas y la reparcelación consta de 102 fincas con un total de 303.076 metros cuadrados edificables".

El auto señala que además de esas 102 parcelas "se incluyen 9 más de las que resulta adjudicatario el Ayuntamiento por cesión obligatoria y gratuita": las parcelas 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110 y 111.

A partir de aquí, es cuando la tela de araña se vuelve cada vez más tupida y más difícil de seguir.

El 16 de junio de 1998, la Junta de Compensación se comprometió a vender por 5.500 millones de pesetas 101 parcelas "(es decir, toda la urbanización salvo una parcela) a una sociedad inexistente y denominada Inversiones Las Teresitas (ILT)".

Un día después, ILT reserva esa denominación en el Registro Mercantil. El 18 de junio ILT "solicita a la Caja de Ahorros de Canarias un préstamo por 5.600 millones de pesetas, sin más garantía que la hipotecaria de las propias fincas que se pretendía adquirir".

En ese mismo día, el subdirector general de Negocio de la Caja de Ahorros de Canarias concluye "que la inversión es viable" y para justificar esta afirmación dice que "los solicitantes [son] personas de gran capacidad inversora, que siempre han demostrado una gran liquidez, que poseen los conocimientos necesarios para el desarrollo de un proyecto y que se trata de personas conocedoras del mercado".

Así, en el plazo récord de tres días, ILT se hace con unos terrenos y se cuasi constituye y consigue una hipoteca. Con la única garantía de las personas que piden la hipoteca: el conocido empresario Antonio Plasencia y Felipe Manuel Armas. Este, no obstante, "era mero apoderado de diversas sociedades pertenecientes al grupo de empresas de Ignacio Manuel González", cuya profesión "es peón", según manifiesta el auto judicial.

El 26 de junio de 1998 se formaliza la compraventa de los terrenos.

En noviembre de 2000, el representante de la Junta de Compensación Polígono Playa de Las Teresitas ofreció la transmisión de las parcelas del frente de la playa "por permuta o compra". Un decreto del alcalde le advirtió de que "no admitía la pretensión".

Sin embargo, en enero de 2001 se llega a un acuerdo de "compensación mediante la reasignación de aprovechamiento" en el Plan Parcial, ratificada por el Pleno en el mismo mes. Solo un mes más tarde, la Junta de Compensación "olvidó plenamente los términos de sus escritos" y pidió dinero por las parcelas. El Ayuntamiento adquirió las parcelas (una tercera parte del terreno, en dominio público) por 8.750 millones de pesetas, obviando un informe de la técnico Pía Oramas que valoraba el frente en 3.210.

En esta maraña hay 12 imputados (exconcejales, empresarios, técnicos), además del exalcalde Miguel Zerolo, que se lleva en una pieza separada en el TSJC por haber estado aforado.

A mediados del próximo mes de marzo tendrán que formalizarse las acusaciones y comenzará la cuenta atrás para la celebración del juicio del supuesto pelotazo de Las Teresitas.

Una inspección del Banco de España por el préstamo

El préstamos concedido sobre la marcha a ILT motivó "una inspección realizada por el Banco de España el 3 de febrero de 2000".

En el informe se ponen pegas a la tasación realizada por Tinsa S.A. por considerar que "no era una tasación y que no estaba fechada, no habiéndose realizado comprobaciones urbanísticas por indicación expresa" de la propia Caja.

En el informe "se detecta que existía un error importante en los metros cuadrados que se consideran edificables". El estudio de viabilidad hecho por ILT estimaba la edificabilidad en 389.925 metros cuadrados cuando "la realidad, según figura en la escritura de reparcelación, se limitaba a 303.076 metros".

Tres meses después, Tinsa tasó los mismo terrenos en 6.000 millones y un año más tarde en 7.270 millones de pesetas. El Banco de España "ponía en duda la existencia de una valoración razonable del proyecto".