Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 limita la actuación del interventor de Emmasa, dejándolo sin poderes ejecutivos, al admitir parcialmente un recurso de Sacyr-Vallehermoso contra la intervención. La Justicia suspende "las funciones decisorias relativas a resolver contratos que no se adecuen a la realidad; concertar contratos con otros agentes [...]; resolver subcontrataciones que impliquen pago de prestaciones relacionadas con el know how (transmisión de conocimiento), que sean redundantes; suspender el pago del 5,5% de la cifra de negocios anual en concepto de know how que estime no se efectúa".

De esta forma, la intervención, que comenzó en el mes de diciembre y tiene una duración inicial de seis meses, tendrá previsiblemente que prorrogarse.

El auto solo "excluye" de esta suspensión de las funciones del interventor "la de elaboración de planes de inversiones que permitan cumplir los compromisos adquiridos". No obstante, ya existe un documento consensuado entre Sacyr y el ayuntamiento sobre unas obras a realizar, pero el escollo, al parecer, puede estar en que el consistorio no quiere que la subcontratación de estas obras se haga a empresas del grupo Sacyr-Vallehermoso.

La Justicia viene a limitar el poder del interventor, que ya no va a poder meter mano en las subcontrataciones de servicios esenciales a empresas de su mismo grupo (Santacrucera de Aguas), y, de facto, limita su capacidad ejecutoria.

El Juzgado también rechaza la pretensión de Sacyr de que se suspendiera el acuerdo de la Junta de Gobierno que dio luz verde a la intervención, pero lo restringe a "las funciones informativas, de proposición, solicitud y rendición de cuentas". La empresa adjudicataria del servicio público de aguas pedía la nulidad de todo el proceso administrativo porque se resolvió en más de tres meses. El auto reconoce que se trata de un "vicio de forma", pero "no es suficiente" para suspender toda la intervención.

El auto no puede evitar mencionar que "llama la atención que el Ayuntamiento no haya tenido participación o conocimiento directo y en el momento sobre todas las decisiones del Consejo de Administración sobre la subcontratación, puesto que en dicho Consejo hay un tercio de miembros propuestos por el Ayuntamiento, a menos que dichos miembros no informen al propio Ayuntamiento que los propuso".

También hace hincapié en que "no consta que exista desabastecimiento de agua potable o perturbación del mismo o del servicio de alcantarillado y depuración de agua residual".

Contra el auto cabe recurso de apelación, pero ninguna de las dos partes se ha pronunciado aun sobre si van a recurrir.

Por su parte, Emmasa reiteró ayer su firme voluntad de colaboración y transparencia con el Ayuntamiento y la intervención. Fuentes de la empresa mixta de aguas aclararon que presentaron la petición de medidas cautelares por dos razones: porque creían que el expediente podía haber caducado y porque consideraban que las atribuciones del interventor podían afectar negativamente a a la empresa.

Arcila: "En cuatro años no se ha hecho nada"

El concejal de Sí se Puede Pedro Fernández Arcila ha solicitado la comparencia del concejal de Servicios Públicos en la Comisión de Control para que explique "sobra las decisiones del interventor de Emmasa" y cómo influye en ellas el auto judicial que limita "su capacidad ejecutiva".

En opinión de Arcila, la medida cautelar de eliminar los poderes ejecutivos del interventor "ralentiza el proceso" porque "cualquier propuesta deberá ser aprobada por la Junta de Gobierno para una toma de decisión ejecutiva". "La intervención tardó mucho y vamos a llegar a las elecciones sin tomar ninguna decisión", vaticinó, para añadir: "Han logrado su objetivo, que no se pueda hacer nada con Emmasa en cuatro años".

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, defendió que ya habían advertido "desde el principio" que el interventor no "tiene poderes para resolver o gestionar", "lo que hace es proponer a la Junta de Gobierno las medidas a tomar". "Puede proponer incluso la resolución del contrato", añadió Arteaga, para subrayar "que no se le quita competencias al interventor, sino todo lo contrario".

"Es un control de la toma de decisiones de Emmasa", reiteró el concejal de Servicios Públicos.