El abogado Eligio Hernández explicó ayer a este periódico que estaban "pendientes de la suspensión de la condena" del caso mamotreto y de "la admisión a trámite del recurso de amparo al Tribunal Constitucional". Esta resolución puede producirse, a juicio del letrado, "de un momento a otro".
Hernández, abogado de los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia, explicó que los "incidentes de nulidad" interpuestos contra la sentencia eran "un mero formalismo" para agotar todos los recursos posibles y acudir al Tribunal Constitucional.
El letrado también explicó que también está a la espera de la resolución del recurso de revisión presentado ante el Tribunal Supremo, relativo al informe de la Consejería de Obras Públicas que explicaba que los usos de aparcamientos y locales son compatibles y normalmente autorizables en la zona de servidumbre de protección.
Eligio Hernández aseguró que el Tribunal Constitucional "tiene establecido en su jurisprudencia que las penas inferiores a cinco años de cárcel se suspenden hasta que se resuelve el recurso de amparo".
Respecto al recurso de amparo al Constitucional recordó que la sentencia no había sido motivada, por lo que se vulnera la tutela judicial efectiva recogida en al artículo 24 de la Constitución y también la del artículo 120 en su punto tres, que dice que las sentencias "serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública", apostilló el abogado.
Reducción de la servidumbre de Anaga
Pedro Fernández Arcila, concejal de Sí se Puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, preguntará en la Comisión de Control de este mes al responsable de Urbanismo, José Ángel Martín, qué actuaciones ha realizado la Gerencia que dirige y cuál ha sido la respuesta dada por la Administración General del Estado en relación con la consecución de una reducción a 20 metros de la servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre en los pueblos costeros de Anaga. Arcila, cuya organización lleva años reclamando esta reducción, recuerda en su pregunta que Martín se comprometió por escrito el 3 de julio de 2013 a impulsar directamente este proceso.