El Juzgado ha pedido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la valoración del coste del derribo del mamotreto que establece la sentencia, según aseguró ayer Dámaso Arteaga, concejal de Obras y Servicios Públicos.
El edil manifestó que "seguramente" los técnicos harán diferentes valoraciones: "La de los 450 metros estimados de la sola aplicación de la zona de servidumbre", del edificio de aparcamientos al completo y hasta una "también de esos 50 metros" que quedan en servidumbre una vez que se aplican las correcciones del supuesto error en el deslinde de 2009.
En este sentido, José Ángel Martín, concejal de Urbanismo, se quejó de que Costas "no ha dado explicaciones" sobre el error y que no pueden formular alegaciones al deslinde porque no tienen "la documentación completa", que han vuelto a solicitar.
Ante las afirmaciones de José Manuel Corrales, de XTF, de que no había error y de que no afectaba a la sentencia firme del mamotreto, Martín dijo que "si es un error", tendría que analizarlo "la juez"; "si es una modificación del deslinde, no afecta".
Sobre el técnico que firmó el informe donde se consignaba, el concejal de Urbanismo aclaró que fue el mismo que declaró en el juicio del mamotreto.
Por su parte, Dámaso Arteaga intervino para asegurar que el desplazamiento del M-336 "es un error que afecta plenamente a la superficie construida". "Aquí, el tamaño sí importa", dijo, en referencia a que el desplazamiento del vértice M-336 por el supuesto error hacía que se pasara de 45o metros de edificio en servidumbre de protección a solo 54. También manifestó que, en su opinión personal, este cambio podía tener "consecuencias penales".
Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz, dijo no entender por qué se estaba protegiendo "un edificio ilegal, ilegalizable y que está fuera de ordenación", al tiempo que echó en cara a Martín "los idilios entre PP y CC que usted está permitiendo".
Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede, pidió que el Ayuntamiento intervenga "de manera decidida" en el expediente de Costas y le solicitó que "haga una propuesta de deslinde". "Nadie va a creer lo que haga Costas ahora si no viene sustentado por la propuesta de unos técnicos", dijo.
Arcila llegó a desplegar un enorme plano sobre la mesa en la que se celebraba la comisión de control, en el que se veía claramente que buena parte del proyecto del edificio de aparcamientos invadía el dominio público marítimo-terrestre.
Guigou consideró que el consistorio estaba "escuriendo el bulto" y "tomando el pelo" a la ciudadanía. "Antes o después van a tener que derribarlo", les advirtió Corrales.
El concejal de Obras (que es el departamento que estaría encargado del derribo), Dámaso Arteaga, se quejó de que "no está definido ni del todo claro" a qué afecta la orden de derribo de la sentencia. Recordó que había iniciado el expediente de ejecución de la sentencia el 18 de noviembre de 2014 con el objeto de que se proceda a la demolición de la obra ejecutada respecto a aquella parte que haya invadido la servidumbre. "Solicitamos a Costas el replanteo del expediente" y "copia del original de los mojones del 336 al 365".
"Costas tiene conocimiento de este error desde hace tiempo", dijo Arteaga, para añadir que "desde abril están pidiendo estos documentos para hacer el replanteo.
Arteaga: "No le vamos a dar 600.000 euros a Cetensa"
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, aseguró ayer que no iban a abonar los 600.000 euros que reclama Cetensa por la tasa de mantenimiento de nichos. Mencionó que intentarían llegar a "un acuerdo extrajudicial" y que ya estaba en marcha la auditoría de gestión que se habían comprometido a hacer a Cetensa. Hasta la fecha, lo que ha tenido que abonar el consistorio a la empresa que se encarga de los cementerios de Santa Cruz asciende a 6.700.000 euros.
Arcila: "Cetensa no abona el IAE ni el de bienes inmuebles"
Pedro Fernández Arcila, de Sí se Puede, aseguró que Cetensa "no abona el IAE ni el impuesto de bienes inmuebles" y que ahora el consistorio está hablando de un acuerdo extrajudicial que lo que hace es reconocer "que hay una deuda exigible por parte del Ayuntamiento y otra por Cetensa". El concejal recordó que en Las Palmas de Gran Canaria habían logrado no tener que pagar esa tasa de mantenimiento de nichos y opinó que es "una vergüenza" que no se tome ejemplo y se intente hacer lo mismo.