La Fiscalía ha ordenado al Gobierno de Canarias que asegure la estructura del teatro Pérez Minik.

En una propuesta de decreto de archivo de las diligencias preliminares de investigación sobre la comisión de un delito de prevaricación "se impone la adopción de medidas preventivas tendentes a garantizar, en primer lugar, la integridad física de las personas que pudieran verse afectadas por un derribo accidental del teatro y, en segundo lugar, la debida conservación de los elementos estructurales aún existentes del edificio catalogado".

Todo esto, matiza, a la "espera del resultado del expediente de desafección" que inició el Gobierno de Canarias el pasado mes de julio para que el teatro Pérez Minik dejara de ser un Bien de Interés Cultural (BIC).

En las conclusiones del fiscal, se recuerda que la rehabilitación o demolición de un BIC "necesita un informe preceptivo de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico".

El fiscal basa el archivo de las diligencias en que "no consta que se haya emitido informe favorable y preceptivo alguno del proyecto de demolición en los términos exigidos por Ley de Patrimonio Histórico". No obstante, sí existe "un dictamen viable de la propuesta de demolición", pero se requiere a la Consejería de Cultura un "estudio histórico justificativo de la demolición y proyecto de adecuación del espacio libre resultante". "Extremos estos que a día de hoy no constan cumplimentados", apostilla el oficio.

En este sentido, también recuerda que la resolución de junio de 2014 para demoler el Pérez Minik por estar en ruina "ha sido dejada sin efecto por el mismo órgano que la adoptó". "Lo que resulta innegable es lo comprometido jurídicamente de dicha resolución que acordaba la adopción de una decisión de carácter irreversible como es la demolición de un BIC formalmente declarado", añade.

Para Ana Mendoza, presidenta de la Asociación Pro Parque Cultural Viera y Clavijo y que fue quien denunció el intento de demolición, considera que el escrito de la Fiscalía "es positivo", en cuanto que es "un aviso claro" a las posibles consecuencias penales a las que se puede enfrentar el técnico que firme la autorización de la demolición.

No obstante, Mendoza deseó que el fiscal hubiera sido más taxativo y ajustado a las indicaciones del arquitecto de Urbanismo. Precisamente es el ayuntamiento el único que tiene la competencia para declarar la ruina de un inmueble. Y, por ahora, no está por la labor.