La calle Doctor Allart es hoy un punto negro. Tras una intensa labor del servicio de disciplina urbanística del ayuntamiento, se ha podido abrir al paso todas las calles del centro, tras acometer medidas de seguridad en una veintena de edificios de la zona. Menos Doctor Allart, que permanece cerrada al tránsito.

Los comercios de la zona no han cesado de quejarse por los perjuicios económicos que les está causando el cierre del paso a la altura del número 40 y 42.

"Ha habido un antes y un después en esta zona", asegura el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, en una visita a las calles La Palma, Doctor Allart, Nicolás Estévanez, Clavel y San Pedro Alcántara.

El único que se les ha resistido, reconoce, es el dueño del número 42, que se ha negado a realizar los arreglos para asegurar la vivienda. Por este motivo, recordó el concejal, el Ayuntamiento de Santa Cruz le ha denunciado a la Fiscalía.

El problema de fondo reside en que asegurar la fachada del 42 requiere más que una malla. El problema de este inmueble es estructural, por lo que el propietario tiene que colocar un andamio o armadura denominado cartelas, que son esos andamios que se colocan por fuera, como un contrafuerte, para asegurar y mantener la fachada.

Además, se da la circunstancia de que ni si quiera una ejecución subsidiaria hoy en día solucionaría la situación, porque tanto el número 42 como el 40 tienen enfrente una obra que ya ocupa parte de la vía, por lo que no existiría espacio para colocar otro andamio de estas características.

La solución ideal sería que el dueño arreglara toda la vivienda, pero el Plan General de Ordenación (PGO) dibuja en esa zona una plaza, lo que hace poco atractivo para cualquier propietario (casi todos ellos, no obstante, personas adineradas) arreglar sus propiedades.

"Esta zona es un conjunto histórico, pero aún no se ha hecho la delimitación del mismo por parte del Cabildo ni tampoco está aprobado el Plan Especial", explicó Martín. De ahí que, aunque finalmente no se haga una plaza, los propietarios no se sientan especialmente motivados para arreglar las viviendas. En el caso, además, del número 42, el coste de los arreglos puede rondar los 10.000 euros, según los cálculos de los técnicos de Urbanismo.

Y de tirarlas abajo ni hablamos. Para ello hace falta un permiso de la Comisión de Patrimonio del Cabildo y en un conjunto protegido es casi imposible que se conceda una autorización de este tipo.

De cualquier forma, en todos los casos de viviendas con riesgo de derrumbe de alguno de sus elementos, la Gerencia de Urbanismo inicia un proceso de ejecución subsidiaria en el que se le notifica al propietario que tiene que realizar diversos arreglos en un plazo máximo y que, en caso contrario, se le impondrán una serie de multas coercitivas hasta que, finalmente, sea la propia Gerencia la que acometa los arreglos y le pase la factura.

"Para intervenir necesitamos tener autorización del Juzgado, y en eso estamos", explica Martín, en referencia al número 42.

No obstante, Martín subraya que la diferencia entre la zona en agosto y hoy es "brutal". "Está todo resuelto", dice. Todos, menos Doctor Allart.