La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la petición de la defensa de José Manuel Corrales de archivar las investigaciones sobre un supuesto caso de malversación de caudales públicos iniciadas contra el concejal de XTF y el secretario del Pleno, Luis Prieto.

La magistrada no solo rechazó el archivo sino que notificó el pasado 24 de abril la apertura de diligencias previas contra Prieto "por si interesa su personación". La finalidad es más una cuestión formal, ya que hasta ahora el secretario del Pleno no se ha personado en el proceso con abogado. Con dicha providencia lo que se trata de evitar es que el denunciado pueda alegar indefensión si el proceso avanza y se le cita a declarar en calidad de imputado.

Tras la declaración del interventor de que en su opinión el concejal Corrales tenía "un sueldo oculto", ya que compatibilizaba una indemnización con cantidad fija mensual como vicepresidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones con su trabajo en la Administración pública, la juez solicitó más pruebas antes de decidir si continuar o archivar el caso.

En concreto pidió un testimonio del expediente que dio lugar al decreto del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que autorizaba indemnizaciones "de hasta 1.000 euros brutos". También "todos los documentos justificativos de las certificaciones" del secretario y un informe de por qué, a raíz del presupuesto 2014, ya no se le paga esta cantidad. Y quiere saber por qué las indemnizaciones no se incluyeron en 2011, 2012 y 2013 y el responsable municipal que debía haberlas incluido.

Campos: "La ilegalidad sería del alcalde"

El abogado Felipe Campos, que asesora al concejal de XTF, José Manuel Corrales, ante la acusación de haber cometido ilegalidades en el cobro de sueldo por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz, se mostró ayer contundente, en una rueda de prensa de la que se hizo eco Radio San Borondón, al dejar claro que su defendido "no ha cometido ilegalidad alguna y en caso de haberla sería del alcalde (Bermúdez) por decretar la orden de pago y del interventor municipal por no oponerse a ello".

Campos dijo no tener "ninguna duda" de que lo que se ha llamado caso Corrales "es un invento del poder político-económico, con el objetivo de eliminar al principal exponente de la lucha contra la corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz: Corrales".

"Corrales ha cometido errores políticos, sí -señaló Campos-, pero en este tema no ha cometido ni irregularidades ni mucho menos ilegalidades. En todo caso, quien las habría cometido sería el alcalde José Manuel Bermúdez o el interventor, pero de ellos nadie habla". Campos tiró de jurisprudencia para basar esta defensa de Corrales.

El letrado recordó otra rueda de prensa protagonizada por Corrales y por él, cuando denunciaron que Julio Pérez, por aquel entonces primer teniente de alcalde de Santa Cruz, "había estado desviando fondos a paraísos fiscales desde su propia cuenta bancaria, con destino a cuentas ocultas de personajes vinculados a Las Teresitas".

"El mismo Julio Pérez -concluyó-, que lideró al PSOE en Santa Cruz tras el golpe de estado contra Corrales, quien había sido elegido democráticamente secretario general en la ciudad, sencillamente, para colocar al PSOE del lado del régimen".