Víctor Reyes, funcionario imputado por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales en el caso Siliuto, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santa Cruz. Reyes se negó a responder preguntas de la acusación.
En mayo de 2013, la jueza había dispuesto en un auto la prescripción de los delitos imputados a Reyes y el archivo de la causa contra él, al haber transcurrido más de diez años de los hechos denunciados. Pero la Audiencia Provincial estimó los recursos de la Fiscalía y la acusación popular para que el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo acudiera a declarar en calidad de imputado.
El juzgado ha investigado la adquisición del edificio, ubicado en el número 10 de la toscalera calle de San Antonio -futura Casa de la Juventud municipal-. El ayuntamiento pagó 612.000 euros en 2012, más 11.000 en impuestos. Esa cuantía casi doblaba la tasación de los técnicos municipales: 332.500. Un informe pericial encargado por la Fiscalía arrojó una tercera cifra: 475.000. Para algunas fuentes, un "caso Las Teresitas" en miniatura.
Nueve personas siguen imputadas por aprobar la compra en el Consejo Rector de Urbanismo del 3 de diciembre de 2002. Entre ellos, Dámaso Arteaga, hoy concejal electo. El caso Siliuto fue denunciado por los letrados Arcila y Felipe Campos, que ejerce la acusación popular. También se personó IU a través de José Pérez Ventura.