"Estamos contentos porque este es un paso más en el camino iniciado desde que nos despidieron, pero hay que seguir en la lucha y esperar ahora a lo que decida la jueza". Así se manifestaron ayer varios portavoces de los 23 extrabajadores de la empresa que gestionaba la Recaudación Voluntaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz hasta principios de enero de 2014. Lo hicieron tras la comparecencia que tuvo lugar por la mañana en el Juzgado de lo Social número 2 de Santa Cruz de Tenerife.
La mencionada comparecencia tuvo lugar, explican las fuentes, "para que el consistorio explicara por qué no ha cumplido con una sentencia firme en primera instancia dictada el pasado 12 de enero y ratificada en un auto del 26 de marzo que le obliga a la readmisión y a abonar los salarios de tramitación que aproximadamente suman una cantidad, sin intereses ni cotizaciones a la Seguridad Social, cercana al millón de euros.
Precisamente, los servicios jurídicos municipales habrían admitido ayer que, al margen de lo que dictamine la magistrada tras la vista, tienen que abonar esas cantidades a los afectados, además de darles de alta en la Seguridad Social con carácter retroactivo y fecha de 20 de enero de 2014.
Sin embargo, desde la perspectiva de los letrados que defienden la posición del ayuntamiento, se insiste en que "de momento no se va a hacer efectiva la readmisión".
La sentencia del 15 de enero estimaba "nulo" el despido de los trabajadores. Su letrado, José Luis Arias Machuca, valoraba: "Un fallo totalmente estimatorio declarando la cesión ilegal y el despido nulo con la obligación de readmisión". Arias Machuca pidió en el juicio que se reconociera una cesión ilegal de trabajadores, al considerar que "los auxiliares que trabajaban con Félix Marrero (el empresario) recibían órdenes del ayuntamiento y compartían elementos patrimoniales tales como las oficinas descentralizadas o la aplicación informática Alia, de propiedad municipal".
El abogado del consistorio ya avanzó entonces que, en el caso de que se considerara que existió cesión ilegal, se tuviera en cuenta que es "imposible material y jurídicamente" asumir a los 23 trabajadores puesto que "no son funcionarios" ni están en la RPT.
Durante más de 20 años, estas personas se encargaron de gestionar la recaudación voluntaria de los impuestos municipales a través de una empresa privada dirigida por Félix Marrero que tenía su sede en la calle Fragata Danmark.
El edil de Hacienda en el mandato anterior, Alberto Bernabé, se planteó recuperar la gestión de la Recaudación Voluntaria. El proceso administrativo arrancó en julio de 2013 y un pleno ratificó el 15 de noviembre de ese año la nulidad de la relación contractual.
El recaudador privado funcionaba desde el año 1992, cuando otro pleno acordó cederle la labor "de manera provisional".