El portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila, aseguró que existen varios informes que "cuestionan la capacidad de la depuradora de Buenos Aires", que trata 23.000 metros cúbicos diarios.
Arcila dijo que existe un informe del Consejo Insular de Aguas que advierte de que "tiene mayor capacidad de depuración". En concreto, 40.000 metros cúbicos diarios, "el doble".
También afirmó que otro informe de la propia Emmasa habla de "tres líneas de depuración, cada una de 30.000 metros cúbicos".
Dicha capacidad no se está utilizando por lo que se está vertiendo al día alrededor de "20.000 metros cúbicos de aguas negras sin depurar, más de dos tercios de las que produce el municipio de Santa Cruz".
Ante estas discrepancias sobre la capacidad de depuración, los técnicos municipales solicitaron explicaciones a Emmasa. "La contestación verbal al respecto ha sido que la carga contaminante de las aguas ha crecido exponencialmente desde el momento en que se diseñó la depuradora hasta el momento actual. Dadas las dudas planteadas por el Gobierno de Canarias", el ayuntemiento "solicita a Emmasa que emita un informe suficientemente motivado donde quede claramente demostrado que la depuradora de Buenos Aires es totalmente incapaz de depurar un caudal superior a los 23.000 metros cúbicos tratados en la actualidad", dice textualmente uno de los informes técnicos.
Los motivos que apunta Arcila como posibles causas del vertido al mar de todas las aguas negras "de la parte baja de la ciudad" es que "la tubería de impulsión" que debería llevar estas aguas hasta la depuradora de Buenos Aires "está inservible porque no han hecho las labores de mantenimiento".
De hecho, el concejal de Sí se Puede recordó que en las primeras peticiones de inversiones que el Ayuntamiento de Santa Cruz exigió a Sacyr-Vallehermoso estaba la sustitución de esta tubería, que ascendía a "tres millones de euros".
Arcila interpreta que "la depuración tiene un coste" y que "la venta de agua depurada tiene un tope" y el resto hay que verterlo. Dejar de depurar redundaría en "un beneficio para la propia Sacyr".
Por otro lado, Arcila recordó que hay un informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) que asegura que "se está incumpliendo la legalidad" y que además "hay un proceso penal que puede complicar más la situación". De hecho, la APMUN abre un expediente sancionador a Emmasa, pero lo paraliza a la espera de que se resuelva la vía penal.
El Juzgado de Instrucción número 3 está instruyendo el caso, en el que se va a personar Sí se Puede como acusación popular, "porque nadie está defendiendo los intereses de Santa Cruz".
En el informe relativo a una reunión mantenida entre técnicos de la Comunidad Autónoma, de Emmasa y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de mayo, el técnico del Gobierno de Canarias expuso que "a consecuencia de los incumplimientos claros y reiterados de la autorización de vertidos otorgada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la Estación Pretratamiento y Bombeo de Cabo Llanos se va a proceder por parte de la Comunidad Autónoma, de oficio, a modificar la autorización de vertido concedida".
En esta reunión, se consideró que era necesario un "Plan de Etapas" de tres años con obras que garantizaran un tratamiento secundario de las aguas negras de Cabo Llanos. "El estudio de las diferentes alternativas presentadas por Emmasa con el objeto de disminuir los incumplimientos de la autorización de vertido de la Estación de Pretratamiento y Bombeo no tienen en ningún caso carácter de Plan de Etapas", aseguró la APMUN.
Los técnicos de Servicios consideran que, debido a los incumplimientos de las inversiones de Sacyr, "se habrá de estudiar la posibilidad de exigirle" que sufrague esta inversión.
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, aseguró ayer que ya están trabajando en el Plan de Etapas, pero que de cualquier forma la ampliación de la depuradora es competencia del Estado y se va a financiar con dinero estatal y el Consejo Insular de Aguas lo ejecutará. "Son 17 millones de euros que están pendiente del modificado del proyecto del Consejo Insular de Aguas", dijo.
Sin embargo, el informe de los técnicos municipales del 15 de mayo pasado deja claro que la APMUN ha asegurado que el Plan de Etapas "no puede estar condicionado a que el Estado realice o finalice la inversión necesaria para proceder al tratamiento secundario de las aguas residuales que van a parar a la EPBAR de Cabo Llanos y/o depuradora de Buenos Aires".
Dicho informe fue comunicado al interventor de Emmasa, a Sacyr y la asesoría jurídica municipal.
El pasado mes de junio, los técnicos municipales propusieron "bombear desde Cabo Llanos todo el caudal posible hasta la depuradora" y que estas sean depuradas; enviadas a las cubas de decantación primaria o poner en funcionamiento una planta de tratamiento terciario que se hizo para el riego del Palmétum.
Sin embargo, Emmasa actuó en solitario y mandó un escrito al Gobierno de Canarias "con argumentos propios no acordados y sin haber sido consensuado previamente con los representantes municipales", que consideraron este hecho como "una actitud desleal".
Por ello, los técnicos municipales proponen "comunicar al Gobierno de Canarias que el escrito presentado por Emmasa no contempla todo lo que considera el ayuntamiento y que este presentará, aunque sea fuera de plazo, otro escrito adaptado a criterios y propuestas municipales". También reiteran la necesidad de dar cuenta al servicio jurídico municipal del escrito presentado por Emmasa.
Pedro Fernández Arcila, que es también el letrado que presentó la denuncia por presunto delito medioambiental, consideró que "todos estos informes técnicos ponen contra las cuerdas a los responsables políticos", en particular al alcalde de Santa Cruz de Tenerife. "Si no se toma ninguna acción, la situación procesal de algunas personas se puede complicar mucho", opinó, en referencia al actual edil de Servicios Públicos.