Alrededor de 30 personas residieron en la antigua fábrica de la Celgán en el barrio de Tío Pino durante los últimos dos años. Todos ellos fueron atendidos y derivados a servicios municipales, según informaron ayer fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En una visita realizada al recinto, que se encuentra en estos momentos en fase de demolición parcial, el propio concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, reconoció que en las últimas semanas desalojaron al último inquilino, que tenía hasta una bicicleta estática.

Sin embargo, las condiciones sanitarias no eran ni mucho menos las adecuadas. Los obreros comentaban ayer que lo primero que hicieron fue echar veneno para matar las ratas y quedaron impresionados por el tamaño de algunos de los ejemplares que acudieron a por el cebo.

El perfil de los moradores de la antigua Celgán era el de varones, aunque también pasaron por allí dos o cuatro parejas y algunas mujeres solas, según los datos recabados por el consistorio. La mayoría de ellos fueron derivados al Centro Municipal de Acogida, aunque el IMAS también les buscó recursos especializados (sanitarios o de drogodependencias), pisos tutelados o viviendas de alquiler social, según la problemática y sus posibilidades.

Esta es la cara humana del derribo que comenzó este lunes, del que apenas quedaba una pared que anunciaba "La cuevita de Yayi". Una pintada que venía a emular los carteles que ponen nombres a fincas o chalés, en una vieja fábrica que poco se parecía a lo que cualquiera puede denominar hogar.

En este sentido, el edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, subrayó que la razón que ha movido al consistorio a actuar ha sido la seguridad. El edificio que se está tirando estaba en ruinas y Urbanismo había instado a sus propietarios a derribarlo sin éxito.

Esto provocó que se iniciara el procedimiento de una ejecución subsidiaria, que se demoró durante años. Primero porque "había un entramado de empresas" y fue especialmente complicado hallar y notificar a todos sus propietarios, detalló Garcinuño. Segundo porque hubo que esperar por la autorización judicial, puesto que es un recinto privado. Y tercero porque los pilares eran de fibrocemento (amianto), un material altamente contaminante y para cuya retirada necesitaban la autorización del Gobierno de Canarias, que llegó la pasada semana.

Los cerca de 260.000 euros que ha costado a las arcas públicas esta demolición se van a facturar a los propietarios "para intentar cobrarlo", explicó el concejal.

Cuando termine la obra solo quedará otra construcción sellada en el terreno del recinto privado.

La demolición terminará esta semana

El director de obra, Humberto Hernández, explicó ayer que calculan que esta misma semana terminará la demolición del inmueble en ruina. Detalló que se habían pintado de rojo los pilares de fibrocemento para "identificarlo y embolsarlo" con mayor facilidad. El fibrocemento es cancerígeno por inhalación y la demolición y retirada tiene que seguir un protocolo, explicó. También se va a separar el resto de residuos.

Más ejecuciones subsidiarias en marcha

El edil de Urbanismo comentó que se está trabajando en otras ejecuciones subsidiarias, pero que el trámite judicial que conllevan es largo y puede alargarse meses o incluso años. En este sentido, mencionó una edificación abandonada en la calle Mapuchi, en el barrio de Las Delicias, que están intentando que el propietario selle. "Pero no podemos hacerlo sin permiso del juez", recordó.