La familia Albendín ha recurrido en la vía Cotencioso-Administrativa el decreto del alcalde que ordena el desalojo por la fuerza de sus terrenos en el Valle de Las Huertas para que Desurcic urbanice la zona.

En concreto, la demanda recurre el decreto de 25 de abril de 2014, que "ordenó el desalojo inmediato de Francisco Albendín y facultar el uso de la compulsión directa sobre las personas para llevar la decisión a efecto", así como el decreto que rechazaba el recurso de reposición que interpusieron a este decreto.

El letrado Sebastián Marqués sostiene en su demanda que "durante años, la respuesta que el Ayuntamiento dio a las quejas de Desurcic [...] fue la de considerar que éste era un problema que debía resolver la empresa constructora ante la jurisdicción civil con el propio señor Albendín".

En declaraciones a este periódico, Marqués explicó que "el Ayuntamiento ampara esa decisión en la existencia de una sentencia que lo condena a adoptar las medidas a su alcance para la protección de los bienes públicos". Sin embargo, el letrado matiza que este proceso judicial no fue notificado ni oído al señor Albendín. "El señor Albendín se entera por la prensa de la existencia de esa sentencia que condenaba al ayuntamiento a la adopción de las medidas necesarias para el restablecimiento de los bienes públicos". "En el proceso, Desurcic trata al señor Albendín y a su señora como meros okupas sin título alguno", se quejó Marqués.

Sin embargo, en la demanda presentada esta semana se deja claro que los Albendín tienen el título de propiedad desde 1981 de estos terrenos y nunca formaron parte de la Junta de Compensación ni han sido expropiados.

No obstante, "el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se considera propietario en base al Proyecto de Reparcelación por el Sistema de Compensación del Plan Parcial del Polígono Playa de Las Teresitas". En la demanda se sostiene que este título de propiedad que invoca el consistorio "contradice tanto el título de propiedad de Francisco Albendín como la realidad material consistente en la posesión a título de dueño ejercida por el señor Albendín de forma continuada y pacífica desde 1981".

Este problema legal se originó en el seno del llamado caso Las Teresitas que se juzgará en breve, por el que se incorporaron a la Junta de Compensación propietarios que nunca quisieron formar parte y se reparcelaron y se vendieron sus propiedades. De hecho, ya existen dos sentencias de sendos propietarios que anulan el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que aprobaba el proyecto de compensación.

En este sentido, la demanda expone que "un conflicto entre derechos de propiedad no puede resolverse por el Ayuntamiento acudiendo a sus facultades exorbitantes [...] sino ante la jurisdicción civil".

Marqués considera como una prueba de que el propio Ayuntamiento reconoce la propiedad de Albendín las "solicitudes de autorización judicial de entrada en domicilio". En este sentido, recuerda que por dos veces los Juzgados de lo Contencioso Administrativo han denegado la autorización para entrar en el domicilio de Albendín por la fuerza.

En la demanda, además, el letrado solicita como medida cautelar que se deje sin efecto el decreto del alcalde hasta que fallen los tribunales.

Esta maraña jurídica se complicó aún mas tras las lluvias del pasado mes de octubre. A consecuencia de la riada, el camino real por el que los Albendín y los usuarios del campo de fútbol accedían quedó destrozado. El consistorio desde entonces ha sostenido que la reparación de ese camino real es demasiado costosa y que la urbanización debe hacerse por donde estaba planificada por Desurcic.

De esta forma, hace casi un año que ni los Albendín pueden sacar dos vehículos que se quedaron en su garaje ni los usuarios del campo de fútbol pueden acceder a las instalaciones. Con el agravante de que la única solución que plantea el consistorio pasa por una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales, al intentar entrar por la fuerza en sus terrenos para ejecutar los accesos. Ahora la pelota está de nuevo en el tejado de la Justicia.