El exconcejal de XTF José Manuel Corrales y el secretario del Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, han sido citados el próximo 5 de octubre "para prestar declaración como imputados" por supuesta malversación, según explica la providencia del Juzgado de Instrucción número dos de Santa Cruz de Tenerife.

La jueza investiga el cobro de "indemnizaciones fijas de 1.000 euros brutos al mes" de José Manuel Corrales por su cargo de vicepresidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones de octubre de 2011 a diciembre de 2013.

El interventor fue citado a declarar como testigo y este explicó que consideraba que Corrales recibía un sueldo encubierto, puesto que una indemnización no puede ser fija.

De hecho, en el informe del interventor al presupuesto de 2014, ya explicaba que los miembros del consistorio tienen derecho a recibir indemnizaciones "por los gastos ocasionados en el ejercicio de su cargo, cuando sean efectivos y previa justificación documental". Recordaba, asimismo, que la definición de indemnización implica "daño o perjuicio", "de modo que si no hay daño no podrá haber indemnización, siendo también consustancial al concepto la imposibilidad de que las mismas sean fijas o periódicas, esto es, no puede confundirse con la percepción de retribución".

A esta explicación o definición de indemnización se suma el hecho de que José Manuel Corrales es funcionario de la Comunidad autónoma, lo que le imposibilita cobrar dos sueldos de administraciones públicas al mismo tiempo. El interventor, de hecho, dijo en su declaración que debía haber pedido su compatibilidad al Pleno y que debía haberse reducido el sueldo por la Ley de Incompatibilidad.

Por otro lado, la juez también pidió documentación sobre estos cobros al servicio jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz. En concreto, el expediente administrativo que dio lugar al decreto del alcalde de 23 de noviembre de 2011 por el que se acuerda el abono de una indemnización al concejal titular de la vicepresidencia de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones ascendente a una cantidad máxima de 1.000 euros.

No obstante, una vez oídos todos los testimonios y recabadas las pruebas, la juez podría decidir archivar el caso y tanto Luis Prieto como Corrales quedarían libres de toda sospecha.