En la declaración que realizó anteayer, en calidad de imputado y en el Juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife, el exconcejal José Manuel Corrales señaló al alcalde, José Manuel Bermúdez, como quien decidió el pago y la cantidad de mil euros mensuales brutos (percibía 650 euros líquidos) por ejercer como vicepresidente de la Comisión Especial de Reclamaciones y Sugerencias (CERS).
Corrales declaró que la mayor parte de ese importe lo remitía a la cuenta del Grupo Municipal de Por Tenerife y defendió en todo momento que nadie le reclamó documento alguno que justificara el cobro.
En esa línea abundó el secretario, Luis Prieto, quien aseguró conocer que Corrales realizaba el trabajo, defendiendo la legalidad del pago y del cobro de esa indemnización entendiendo que se correspondía por el ejercicio del cargo.
En su declaración, el funcionario puso en entredicho la actuación del interventor en este asunto, llegando a señalarle como responsable de la continuidad en el tiempo de ese pago y de aportar en sede judicial documentos que no están en el expediente.