La Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada considera que el exalcalde Miguel Zerolo decidió "unilateralmente" la compra del frente de Las Teresitas.

En su escrito de acusación, dicha Fiscalía explica que tanto el exalcalde de Santa Cruz como el exedil de Urbanismo Manuel Parejo llevaron a cabo "diversas reuniones, ninguna de ellas documentadas y totalmente ajenas a cualquier procedimiento administrativo" con Ignacio González y Antonio Plasencia, empresarios de Inversiones Las Teresitas (ILT).

En 2001 se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación "para viabilizar el desarrollo urbanístico del Plan de Parcial de Las Teresitas, que consistiría en la eliminación de los usos alojativos hoteleros y en la compensación de aprovechamientos urbanístico [...] mediante la reasignación de aprovechamientos". Esto fue aprobado por un pleno ordinario el 19 de enero de 2001.

Sin embargo, la Fiscalía considera también que Ignacio González y Antonio Plasencia estaban apremiados por los intereses del préstamo concedido por CajaCanarias (300 millones de las antiguas pesetas al año). Así, "de común acuerdo con Miguel Zerolo, el cual totalmente de acuerdo con Manuel Parejo, concejal de Urbanismo en aquellas fechas, de una forma totalmente unilateral y arbitraria tome la decisión de modificar el acuerdo del Pleno y decidir, sin que hubiera causa alguna que lo justificase, que fuera la corporación municipal la que ayudase a salir de su situación financiera a Inversiones Las Teresitas comprando 11 parcelas del frente de la playa (109.000 metros cuadrados)". La fiscal recuerda que Zerolo y Parejo eran "totalmente conocedores de que ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por el convenio de 1986" y del citado acuerdo de compensación por aprovechamientos.

Este juicio, que tendrá lugar previsiblemente en 2016 pero del que aún no se sabe el mes ni la fecha, acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos a 13 personas, entre las que se encuentran el exalcalde, el exedil de Urbanismo (ambos con antecedentes penales), diversos funcionarios municipales y los empresarios de Inversiones Las Teresitas.

A todos ellos se les pide un total de 60 años de cárcel y una fianza de 109 millones de euros por la compra-venta de unos terrenos por los que el ayuntamiento pagó 52 millones de euros. La fiscal aclara que las parcelas adquiridas por el consistorio fueron valoradas en el supuesto de expropiación forzosa en 15,2 millones y en 14,1, en caso de valor de mercado a la fecha de la compra (septiembre de 2001).

Además, la Fiscalía solicita que testifiquen un total de 48 personas, muchas de ellas concejales o funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz.

El consistorio, personado como perjudicado civil, también señala a Miguel Zerolo. El actual alcalde José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria como Zerolo, dijo ayer "respetar la presunción de inocencia de todos los imputados".