La consigna es evitar que vuelva a suceder lo mismo que en La Salud. Que unos vecinos se enteren casi por casualidad de que les van ubicar un centro de mínima exigencia para 20 personas en exclusión social severa en su barrio.

Por este motivo, el Consejo Rector aprobó ayer cambiar el contrato administrativo con Grupo 5, que resultó adjudicatario de los servicios integrales a las personas sin hogar, para que el IMAS tenga que dar el visto bueno al emplazamiento del futuro centro de mínima exigencia. Esto implica que Grupo 5 tenga primero que presentar una propuesta de emplazamiento al IMAS. Y segundo que dicho centro cumpla los requisitos marcados por la Gerencia de Urbanismo en cuanto a ventilación, aire acondicionado y distancia entre camas, entre otros aspectos, según indicaron fuentes del IMAS.

Asimismo, también se aprobó que entre las 20 camas que se van a instalar en ese centro debe haber un mínimo de medio metro de distancia.

Asun Frías, concejala de Sí se Puede, propuso que se ampliara esta distancia. "Hay que garantizar unas condiciones dignas para las personas que van a dormir a ese centro", expuso Frías. "Más allá de lo que diga la normativa, ha de evitarse el hacinamiento que, además de ir en contra del descanso y del bienestar personal, facilita el surgimiento de conflictos de todo tipo que desde el ayuntamiento debemos evitar", añadió a este periódico.

De hecho, Frías recordó que por ley cada persona debe disponer de tres metros cuadrados de espacio, más medio metro entre una cama y otra.

Por su parte, Ramón Trujillo, edil de Izquierda Unida Canaria, consideró que el cambio era "parcial" y se había hecho "para subsanar la metedura de pata en Salud Bajo". El concejal explica que planteó al Consejo Rector del IMAS "generar espacios de privacidad y no colocar 18 camas contiguas para personas que tienen situaciones difíciles". No obstante, la respuesta que le dieron es que ese tipo de medidas incrementaría el coste del servicio, explicó.

En esa línea abundó Frías, para quien "no puede permitirse que esas personas vivan en condiciones infrahumanas en un servicio público por ahorrarse unos cientos de euros".

El grupo socialista explicó que "el proceso participativo que ahora quieren poner en marcha debía haberse realizado antes para evitar la demora de la puesta en marcha del recurso". "No se tenía que haber llegado a esta situación si se hubiese actuado con diligencia, informando a la ciudadanía en todo momento y con un seguimiento exhaustivo del proceso", criticó Elena Mateo, concejala del PSOE. Para Mateo el albergue se trata de un "recurso inclusivo y no excluyente y el PP no ha sabido gestionarlo ", añadió.

Sin embargo, desde el actual grupo de gobierno CC-PP se subraya que fue precisamente una falta de concisión en el pliego de contrato aprobado por los socialistas lo que provocó el problema. De hecho, recordaron, esta modificación puntual trata de subsanar esa carencia y evitar que se repita en otro local y en otro barrio.

No obstante, Grupo 5 ahora tiene un periodo de cinco días en el que se le dará audiencia para presente las objeciones que estime pertinentes a esta resolución.

Hay que tener en cuenta que la empresa se gastó una cantidad cercana a los 30.000 en unas obras en el local de La Salud que no ha podido usarse para este fin.

Nueve personas se van del Pancho Camurria

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife resaltó ayer el trabajo del operativo que actúa en las inmediaciones del polideportivo Pancho Camurria desde principios del mes de septiembre, coordinado por el alcalde del municipio, y con la implicación de las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Atención Social y Servicios Públicos.

Como resultado, en menos de dos meses nueve personas han desocupado la zona, lo que supone haber pasado de 29 a 20 casos registrados, según indicó el ayuntamiento en una nota de prensa. Se sigue trabajando para dar soluciones a estas personas por razones de seguridad, dignidad e higiene, y no se ha permitido levantar ninguna nueva construcción, añadieron.

Diariamente se actúa con estas personas, que reciben el apoyo y asesoramiento de los trabajadores sociales de la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA). Se desarrolla un seguimiento pormenorizado, caso por caso, primando el reagrupamiento familiar y la utilización de los recursos públicos y concertados de que dispone el municipio.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención Social, Óscar García, remarcó la "labor excelente y entregada" de los trabajadores municipales, "una acción que merece ser reconocida en momentos especialmente delicados como las lluvias de la pasada semana, en que velaron por la seguridad y dignidad de estas personas".

"No nos parece oportuno que se pretenda utilizar políticamente a ciudadanos que atraviesan situaciones extremas, con los que además se está trabajando diariamente de manera discreta".