"Nos preocupa la sensación que aprecia el vecino, pero en estos cuatro meses de mandato hemos actuado y lo seguimos haciendo para acabar con las plagas. Se ha intervenido a tope por zonas y no de forma puntual como antes. Pero hay un problema con las sanciones, que ascienden hasta a 150 euros según la ordenanza vigente. Hay quien paga y sigue igual. Vamos a endurecerlas y mucho respecto a la cuantía". Así se manifestó ayer el concejal de Sanidad y Medio Ambiente de Santa Cruz, Carlos Correa, respecto a la proliferación de ratas y palomas en las calles de la capital tinerfeña.
"Ver una o cien ratas no produce el mismo efecto. Los imbornales se llenan de agua en invierno y ellas suben a la superficie", apunta respecto a la rata de alcantarilla. "Igual ocurre -añade- con la de los árboles que sube a coger el fruto. Vamos a colocar anillas para impedirlo en una acción coordinada con Parques y Jardines que incluye podas, sobre todo de palmeras, además de incorporar en breve portacebos en zonas puntuales".
En cuanto a quienes alimentan a estos animales con impunidad "suponen un problema. Hemos visto echar comida directamente a los imbornales. Y quien alimenta a las palomas también lo hace con los roedores porque queda comida que salen a buscar".
El área va a modificar la ordenanza a principios del año que viene con sanciones "mucho más duras para que le cueste dinero a quien dé de comer a estos animales en la vía pública".
Correa recuerda: "Hay un Servicio de Control de Plagas y una empresa concesionaria que acaba de iniciar su periodo de dos años tras ganar el concurso. También actúa si hay denuncias vecinales".
Se van a castigar esta actitudes "insolidarias" con "más dureza" pero también "con formación y campañas educacionales". Algo similar pasa con las flores de Pascua. El año pasado "desaparecieron" 4.000 de las calles de la ciudad. "Es impensable -señala Correa- que alguien se lleve una bombilla pública para su casa. Y con las flores debe ser igual". Las multas para quien robe plantas va de los 50 a los 100 euros.
En febrero de 2012 hubo polémica con la supuesta "marcha atrás" del alcalde, José Manuel Bermúdez, en la redacción de la Ordenanza de Policía y Buen Gobierno tras la reacción negativa de sindicatos y partidos políticos.
Ante la gravedad de hechos posteriores como la reciente plaga de ratas en el barrio de Salamanca, muchos vecinos creen necesario volver al espíritu inicial del texto, que planteaba "endurecer multas y sanciones", así como "priorizar la identificación de las infracciones y sus autores". Esto último fue luego matizado en otro decreto posterior emitido desde la Alcaldía.