El Juzgado de Instrucción número uno de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado a la empresa Zurich, aseguradora del Ayuntamiento capitalino, que deposite en el plazo de cinco días un total de 109.385.631 euros, "hasta el límite de la póliza establecida". De esta forma, el Juzgado revierte la petición de fianza a la firma de seguros, después de que el pasado noviembre el Consistorio capitalino hubiera facilitado al Juzgado los datos de la citada póliza de seguros.

La providencia judicial explica que se recibieron dos escritos del Ayuntamiento de Santa Cruz, el 16 y 18 de noviembre, en el que aportaban la póliza con Zurich "que asegura la responsabilidad civil y fianzas judiciales". En este sentido, la providencia ordena que sea puesto en conocimiento de la empresa el proceso judicial abierto "por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, como aseguradora de los cargos y funcionarios públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz que podrían estar cubiertos por la citada póliza suscrita por los hechos acontecidos durante el período de 1999 a 2001, ambos inclusive".

Entre la relación de cargos y funcionarios que el seguro debe cubrir está el exalcalde Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo; el exconcejal Emilio José Fresco Rodríguez; el exedil José Emilio García Gómez; el que fuera interventor general Antonio Messía; el interventor de Urbanismo entonces, José Luis Roca; el exsecretario de Urbanismo y actual funcionario municipal Víctor Reyes; el exsecretario del ayuntamiento José Eugenio de Zárate, y José Tomás Martín, que fuera gerente de Urbanismo.

La petición de fianza millonaria podría recaer en la aseguradora del ayuntamiento, puesto que los acusados presuntamente cometieron los delitos en el ejercicio de sus cargos. No obstante, la providencia deja la puerta abierta a que en los cinco días de plazo, la aseguradora "alegue lo que en su derecho estime oportuno".

En el caso de Las Teresitas, pendiente de la fijación de la fecha de juicio, están acusadas un total de 13 personas. Nueve de ellas eran funcionarios o concejales cuando se cometieron los supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Todos ellos, presuntamente, llevaron a cabo la compra del frente de Las Teresitas por 52,5 millones de euros, a pesar de que el informe de la arquitecta municipal tasaba el terreno en 19,2 millones. En el anterior mandato municipal, CC y PSOE decidieron que el Ayuntamiento de Santa Cruz se personase en el proceso como perjudicado civil.

Paradójicamente, solicitar el dinero malversado puede suponer, como se desprende de este escrito, que dicha indemnización salga de las propias arcas municipales, dado que nueve de los acusados cometieron supuestamente los delitos cuando trabajaban para el ayuntamiento y, por ese motivo, estarían cubiertos por su seguro de responsabilidad civil.