La magistrada del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz, Beatriz Méndez, ha exonerado -a través de autos diferentes- de tener que cumplir la pena de cárcel a dos de los condenados por el denominado caso Mamotreto o edificio de entrada a la playa de Las Teresitas: el exconcejal de Infraestructura y Obras, el arquitecto José Domínguez Pastor, y la funcionaria Candelaria Benítez.

En ambos casos, la juez ha aplicado el artículo 80.1 del Código penal que permite suspender la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años, "cuando sea razonable esperar que la ejecución no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos". La jueza establece un aplazamiento por tres años siempre que no vuelvan a delinquir. Tanto Domínguez Pastor como Candelaria Benítez fueron condenados a un año de prisión y a ocho de inhabilitación, al margen de tener que costear, como los demás, la demolición del edificio en la parte que corresponda.

Son los únicos de los seis condenados (la exconcejal Luz Reverón fue absuelta) a los que el Juzgado ha suspendido la sentencia. El resto no ha ingresado aún en prisión por otros motivos.

Así, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, sentenciado a dos años de cárcel y ocho de inhabilitación, ha visto cómo se desestimó la suspensión y está todavía pendiente de la ejecución.

Los otros condenados, defendidos por Eligio Hernández, esperan a que se resuelva de manera definitiva su petición de indulto. Son el exedil Norberto Plasencia (18 meses de prisión y ocho años de inhabilitación) y los funcionarios Loreto Ariz (dos años de cárcel y ocho de inhabilitación) y Epifanio Gómez (18 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación).

Derribo total

El Ayuntamiento de Santa Cruz ratificó ayer que "los dos últimos informes jurídicos internos encargados por el alcalde en relación con el edificio de servicios de la playa de Las Teresitas (mamotreto) no implicarán cambios en la gestión. Elaborados por los Servicios Jurídicos y la Secretaría General no interfieren ni contradicen la línea de trabajo para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial del 18 de noviembre de 2014. El ayuntamiento ya adjudicó el pasado 16 de diciembre a Gestur redactar el proyecto de demolición total del edificio, con un plazo de tres meses. Los dos nuevos informes fueron solicitados para descartar por completo la posibilidad de ir a una demolición parcial, hoy descartada".