Hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz deberán comparecer, a petición de la oposición, en la próxima sesión de la Comisión de Control, para abordar el controvertido asunto del derribo del edificio de aparcamientos de Las Teresitas, conocido como "mamotreto".
El asunto recobró ayer de nuevo actualidad -si es que la había perdido en algún momento-, tras conocerse la existencia de un informe-propuesta del área de Infraestructuras que, firmado por la directora general del servicio, Verónica Patricia Rodríguez, defiende la imposibilidad de ejecutar el fallo judicial que obliga a su derribo o, en su defecto, un aplazamiento.
El documento esgrime varios motivos que el área de Infraestructuras, que dirige José Alberto Díaz-Estébanez, entiende como justificantes de que el consistorio no puede ejecutar el fallo que obliga a la demolición, entre ellos, que el ayuntamiento no ha sido condenado ni es parte en el proceso, que es viable mantener la construcción o que el nuevo deslinde que tramita la Dirección General de Costas para Las Teresitas obliga a esperar.
Precisamente, el edil de Ciudadanos, Enrique Rosales, ha solicitado que comparezcan en la sesión de control al gobierno municipal, que tendrá lugar el próximo jueves, tanto el concejal Díaz-Estébanez como la citada directora general del servicio.
Además, el grupo socialista también ha pedido la comparecencia del secretario general del Pleno, de la jefa de los Servicios Jurídicos y de la secretaria de la Gerencia de Urbanismo.
Hace tan solo una semana, el ayuntamiento había asegurado que los dos últimos informes jurídicos internos (Servicios Jurídicos y Secretaría General del Ayuntamiento) encargados por el alcalde, José Manuel Bermúdez, en relación con el edificio de servicios de la playa de Las Teresitas no implicarían cambios en la gestión llevada a cabo hasta ahora por el ayuntamiento, que ya ha encargado el proyecto de derribo total.
Ayer, el consistorio de la capital declinó hacer declaraciones sobre este asunto.