La existencia o no del proyecto de urbanización de la playa de Las Teresitas centró ayer gran parte del debate de la segunda, y última, jornada del juicio civil por la anulación de la compraventa de los terrenos del frente de playa.

"¿Alguien sabe dónde está el proyecto de urbanización?", se preguntó la titular del Juzgado de Instrucción Número 6, Carmen Serrano, mientras completaba su declaración Jordi Duatis, profesor de Arquitectura de la Universidad de Barcelona que intervino como testigo de la parte demandante, Inversiones Las Teresitas (ILT), la empresa de Antonio Plasencia e Ignacio González.

Duatis refutó, a veces con descaro, el informe de la exarquitecta municipal Pía Oramas, de la que dijo que había cometido "errores muy importantes" y había llegado a resultados "absurdos".

Mientras que la valoración de los terrenos hecha por Oramas fue de 19,2 millones, la del profesor catalán, por encargo de ILT, ascendió a 58,9 millones.

"¿Cómo hace su valoración sin ese informe de urbanización? ¿Las bases para hacer su dictamen se las dio ILT?", preguntó la magistrada a Jorge Duatis. "Debe existir", atinó a decir el arquitecto.

El argumento del testigo se quebró cuando reconoció que le había "sorprendido" que el ayuntamiento no hubiese aportado el dictamen de su arquitecta. "¿Cómo ha criticado con dureza un informe que no conocía?", le preguntó Juan Luis Estévez, letrado que defiende al consistorio de la capital.

Y es que gran parte de la argumentación, tanto del mencionado perito-testigo como del abogado de ILT, Ángel Guimerá Ravina, se basó en desacreditar todos aquellos informes cuya valoración fue menor que el precio tasado por el propio Duati y por el arquitecto Javier Domínguez Anadón, que declaró el miércoles.

Tanto que Ravina pidió en sus conclusiones que los informes de Oramas y de los otros dos técnicos municipales, Elías Medina (exjefe de Planeamiento) y Berta Álvarez (arquitecta municipal) -también declararon el miércoles-, no deberían tenerse en cuenta porque eran empleados de la parte demandada.

Pero el abogado de ILT fue aún más allá y pidió a la jueza "desvincular" la vía civil de la penal. A su juicio, mantener esta vinculación supondría una "manipulación". "El ayuntamiento trata de llevar las cosas a su huerto", dijo el letrado de ILT.

En este sentido, solicitó que se descarte la tasación de los terrenos del frente de playa realizada por encargo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fija un valor máximo de quince millones, en tanto en cuanto no comparecieron en la vista civil los peritos que la formularon.

Ravina insistió en que el Tribunal Supremo (TS) ratificó en 2010 la anulación de la compraventa por "un error" cometido por el ayuntamiento al no incluir una tasación elaborada por Pía Oramas. Por este motivo, defendió que los empresarios no tienen por qué asumir las consecuencias de ello.

Al respecto, consideró que la única posibilidad que existe para dar cumplimiento a aquel fallo del TS es que ILT "recupere" las propiedades vendidas y con idénticas posibilidades edificatorias. "Existe jurisprudencia de sobra", aseguró.

Mientras, José Luis Estévez, abogado municipal, remarcó que el consistorio hizo "todo lo que pudo y más" para llevar a buen puerto el contrato de compraventa. "Fuimos unos socios leales. Es el ayuntamiento el que ha salido perdiendo enormemente", indicó.

Para el letrado municipal, la resolución de este contencioso solo pasaría por que ILT devuelva el dinero pagado más intereses. "Todos sabemos perfectamente que un día antes de cerrarse la venta Antonio Plasencia e Ignacio González tenían en su patrimonio 33 millones de euros, que es lo que les costaron estos terrenos tres años antes", dijo.

La demanda civil quedó ayer vista para sentencia, que se demorará, con casi total seguridad, hasta tanto se resuelva el pleito en la vía penal.