Los responsables públicos del Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife y Metropolitano deberán afanarse, y mucho, si quieren convencer a los vecinos del Suroeste de los beneficios que traería para la zona la ampliación de la línea 2 del tranvía hasta La Gallega.

El acuerdo suscrito ayer por el Pleno de Santa Cruz, solo con el apoyo de CC, PP y Ciudadanos, no solo no convenció a gran parte de la oposición (SSP, PSOE e IU), sino que dejó bastante insatisfechos a la gran mayoría de representantes vecinales y comerciales que se dieron cita en la sesión, o que lo conocieron más tarde.

"Las empresas y comercios de la avenida de Los Majuelos, tanto de El Sobradillo como de La Gallega, así como las asociaciones de vecinos Unión de La Gallega y Guacimara de La Gallega, creemos que la moción presentada por el grupo de gobierno municipal no implica que se inste al Cabildo, de forma oficial, a la paralización de la licitación de la redacción del proyecto de ampliación de la línea 2", remarcaron en un comunicado. "Tememos que en realidad es papel mojado", añadieron.

De poco sirvieron las explicaciones del alcalde, José Manuel Bermúdez -bastante activo ayer-, sobre el asunto y el compromiso "oficioso" que dijo tener de la Corporación insular para suspender la licitación del proyecto y estudiar otras alternativas.

La no inclusión en el texto aprobado de un apartado específico que recoja ese punto justifica, de momento, un rechazo casi unánime al proyecto.

Durante la sesión plenaria expusieron su postura tanto el presidente de Alagapyme, José Manuel Afonso, como Ramón González, un vecino de El Sobradillo, con argumentos opuestos, sobre todo en lo que al trazado que el Cabildo considera más oportuno se refiere: la avenida de Los Majuelos.

Para Afonso, el tranvía es incompatible con el mantenimiento de la tranquilidad en el barrio, con el sustento del empleo o con una rambla tranquila y para disfrutar. Otra cosa sería si el trazado elegido fuera el de la avenida de Las Hespérides. "No es un no al tranvía, es un no al trazado", aclaró.

González, por el contrario, negó que la avenida se fuera a destruir -todo lo contrario, dijo-, afirmó que el tranvía sería una conexión rápida con los hospitales y la universidad, por ejemplo, y rechazó el trazado por Las Hespérides, más alejado. Su discurso, leído, se interpretó como un capote a la tesis del grupo de gobierno.

Precisamente, Zaida González, concejal de Seguridad y Portavoz del PP, defendió la instalación de un medio de transporte que una y acerque a los vecinos al centro, pero advirtió de que su implantación tiene que tener el acuerdo de vecinos y comerciantes.

González también incidió en que el consistorio "no se ha manifestado" por ninguna opción, y avanzó que están a la espera de los informes pertinentes del Cabildo para conocer en profundidad todas las alternativas.

Y con parecidos argumentos se defendió su compañero de gobierno, José Alberto Díaz-Estébanez (CC), quien remarcó que el tranvía "no se puede" instalar en cualquier sitio y a cualquier precio. "Hay que minimizar los impactos negativos", remarcó.

Es más, pidió no cerrarse en solo las dos alternativas - Los Majuelos y Las Hespérides-, sino contemplar una tercera: no ejecutar el proyecto.

José Ángel Martín, portavoz socialista, fue más allá y habló de cuatro alternativas, incluyendo lo que llamó "alternativa cero", mejorando el servicio de guaguas, y Las Hespérides "cosiendo la trama urbana con guaguas" .

El edil socialista advirtió al respecto que el proceso puesto en marcha por el Cabildo tenía que haber venido precedido por un proceso de participación ciudadana. "El actual trazado nace de una improvisación de la que tenemos que huir", aseguró.

Un argumento con el que coincidió Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, quien incidió además en la idea de que la mejor movilidad es "no tener que desplazarse", sino tener en el entorno todas las facilidades, en referencia a la falta de determinadas infraestructuras básicas en el Suroeste.

Ramón Trujillo (IUC), mientras, propuso la instalación de un carril exclusivo para guaguas, "que cuesta menos", y se preguntó cómo se compensarán los efectos negativos de la instalación del tren ligero.

Al final, votación y moción conjunta de CC, PP y Ciudadanos -gran parte de los argumentos los había defendido Enrique Rosales (C''s)- con cuatro puntos: -Que se inste al Cabildo a que considere la posibilidad de elección sobre todas las alternativas de trazado durante la licitación y antes de la adjudicación para la contratación de la redacción del proyecto.

-El proyecto del tranvía debe venir acompañado de la reurbanización integral de las calles por donde discurre el servicio (...).

-El ayuntamiento emplaza al Cabildo a que reconsidere su posición sobre la línea 2 y que impulse el proceso participativo con los ciudadanos (...).

-Una vez se alcance el acuerdo con los vecinos, así como con los colectivos afectados, la implantación del tranvía debe llevar aparejada la coordinación con los servicios públicos de transporte urbano existentes en la zona (...).

Y en un pleno con bastantes acuerdos globales, tampoco fue posible el consenso en el convenio con Titsa, para garantizar la prestación de este servicio en el municipio durante el presente año, cifrado en 13.624.160 euros, mediante el uso de 121 vehículos.

El documento, que tiene validez de un año, recoge el compromiso municipal para sufragar el 66% del coste de cada billete, "en una apuesta por mejorar el servicio y garantizar el empleo de los 380 trabajadores adscritos a las 31 líneas urbanas", defendió el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga.

El edil justificó el aumento de la partida con respecto al año anterior en más de un millón de euros en la recuperación de los derechos salariales por parte de los trabajadores, así como en el arrendamiento de las nuevas guaguas.

Argumento que en modo alguno convenció a la oposición. Ramón Trujillo se refirió a las observaciones del interventor, referidas, entre otros asuntos, a la falta de contraste de los datos aportados por Titsa, y advirtió de que en el convenio se deja abierta la puerta a la privatización del servicio.

Una idea que secundó también Pedro Fernández Arcila, quien hizo mención a las observaciones sobre el decrecimiento del personal del taller, y a la falta de auditoría de los kilómetros aportados por la compañía. "El convenio incurre en los mismos errores que los anteriores", aseveró.

En esta línea, Andrés Martín, concejal del PSOE, se quejó de que Titsa siga gestionando las líneas, por tanto el ayuntamiento seguirá "desatendiendo" este asunto; consideró "excesivo" el coste del convenio para el servicio que se presta; y lamentó que no se contemplen más líneas que han sido demandadas.

Precisamente, y en otro debate, Martín vio rechazada su propuesta para que el ayuntamiento intervenga de nuevo Emmasa e inicie los procedimientos necesarios para resolver el contrato con Sacyr. "Este es un nuevo postureo del PSOE", le recriminó el edil de Servicios Públicos, quien preguntó a los miembros de la oposición si estaban dispuestos a respaldar con su patrimonio personal una posible indemnización millonaria si se resolviera el contrato sin argumentos jurídicos.

Frente a ello, la posición unánime de los cuatro grupos, C''s, PSOE, SSP y IUC: hay razones suficientes para romper el acuerdo. En este caso fue el portavoz de C''s, Enrique Rosales, el que pidió, sin éxito, que los Servicios Jurídicos emitieran un informe sobre las posibilidades que pueden existir de desvincularse de Sacyr.

Donde sí existió acuerdo, tal y como avanzó ayer este periódico, fue en la idea de reforzar las políticas de empleo y desarrollo local, especialmente a través de la Sociedad de Desarrollo.

El acuerdo institucional aboga por la actualización del objeto social de la empresa pública para "optimar" los recursos destinados a estos fines "maximizando la calidad de los servicios para adaptarlos a las necesidades y oportunidades del actual marco económico e institucional".