El Juzgado de lo contencioso nº 1 de Santa Cruz ha ordenado el derribo de las cubiertas del Geriátrico El Drago, situado en Ifara. El magistrado rechaza el recurso presentado por la empresa propietaria en contra de la resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se pronunciaba en este sentido. No obstante, a finales de mayo en el mismo Juzgado tendrá lugar la vista oral sobre el recurso presentado por los vecinos, también en contra de la resolución del organismo autónomo. La diferencia es que los denunciantes consideran que deben desaparecer tres plantas del inmueble y no solo las cubiertas.

El Juzgado ratifica ahora el contenido de varios informes elaborados por Urbanismo en los que se ponen de manifiesto una serie de incumplimientos en los que incurren las licencias aprobadas y que, por lo tanto, son nulas. El fallo descarta las pruebas periciales aportadas por los dueños del geriátrico. "En todo caso debe prevalecer el informe del técnico municipal por provenir de funcionario público en el ejercicio de sus funciones y al que, por lo tanto, alcanza la presunción de mayor objetividad frente al perito de parte".

La sentencia considera "evidente que la nulidad de las licencias implica la demolición de la totalidad de las obras realizadas al amparo de las mismas". El Juzgado reconoce el derecho de la empresa a ser indemnizada por el ayuntamiento pero no concreta la cantidad exacta, aunque tampoco lo hicieron los recurrentes. "Todo puede dilucidarse a través del correspondiente expediente de responsabilidad patrimonial", se indica en el fallo, aún recurrible.

El presidente del colectivo vecinal, Mariano Reymundo Izard, mostró su satisfacción por el contenido de la sentencia después de 15 años de pleitos que han traído consigo un gran desembolso económico. "Son incontables los sacrificios para llegar hasta aquí. Es increíble lo que hay que hacer, incluso cuando se tiene la razón". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su día lamentó el "calvario judicial" de los denunciantes. Reymundo espera que el próximo fallo judicial, resultado de su recurso, precise el alcance del derribo y les dé la razón en que deben desaparecer tres plantas del inmueble. "Lo lógico es que la próxima sentencia nos resulte también favorable porque el juez es el mismo", apuntó.

Los trámites para construir el edificio se iniciaron a finales de 2001 y la inauguración tuvo lugar en 2009, período durante el cual se emitieron al menos siete licencias. Los técnicos determinaron que los casi 7.000 metros cuadrados de espacio habitable superan en alrededor de 2.600 lo permitido. Frente a las tres plantas autorizadas se llegan a contabilizar seis en algunos puntos.