Las aguas discurrían relativamente tranquilas por el salón de plenos hasta que, tal vez por el efecto de la marejada de los últimos días en la costa de San Andrés, terminaron arrastrando a quienes encontraron a su paso.

Una moción conjunta de Sí se Puede e Izquierda Unida Canaria sobre el futuro de las embarcaciones de recreo de Las Teresitas puso de manifiesto que la realidad política es, casi siempre, más tozuda que la del resto del común de los mortales. Pruebas de ello, en los últimos meses, hay varias.

El asunto pintaba bien tras la intervención inicial del vicepresidente del Club Antequera, Orlando Cova, a quien pusieron en un serio aprieto. "Son una estampa marinera tradicional de San Andrés", "el pueblo no puede entenderse sin su vinculación marinera" o "no queremos que nos echen de nuestro medio" fueron algunas de las frases con las que Cova despertó el lado emocional. Solo ese.

Llegado el tiempo de consensuar posturas políticas ni unos (oposición) ni otros (gobierno) fueron capaces de ponerse de acuerdo en el texto presentado -recogía los puntos negociados con la Delegación del Gobierno-. Tampoco en uno de nueva redacción.

Y eso que, viendo el panorama, el alcalde, José Manuel Bermúdez, concedió cinco minutos -que fueron quince- a los distintos portavoces para tratar de que desencallaran el asunto. Nada de eso.

De regreso a sus asientos, y tras un primer amago de votación conjunta al texto presentado por SSP e IUC, cuestión que generó cierta tensión, incluso, en el seno del grupo de gobierno -Zaida González negó varias veces con la cabeza-, el debate volvió a girar sobre los argumentos iniciales. Básicamente, tu propuesta no vale; la mía sí.

"Parece que hay un camino para resolver esto. Lo que interesa a los vecinos es que se resuelva el problema". Así cortó el debate el alcalde. Y, acto seguido, previa consulta con el secretario, comunicó su propuesta: una moción por la vía de urgencia -actuación sin precedentes en la capital-, aprobada por CC y PP -SSP e IU se abstuvieron y el PSOE no votó-, en la que se da apoyo a las actuaciones emprendidas para garantizar el fondeo de las embarcaciones de recreo en Las Teresitas, de manera ordenada y con plena garantía de seguridad y limpieza. ¿Lo que esperaban los vecinos? Los muchos que ayer asistieron a la sesión plenaria se fueron relativamente satisfechos, a pesar del espectáculo.

Y pasado el sofoco de los barcos llegó otro debate con más profundidad, pero que, al final, se quedó en la superficie: la reordenación del frente de la playa.

"Es extemporánea", dijo el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, de la moción presentada por el exedil del área José Ángel Martín, en la que solicitaba que se incluyesen en el plan especial de la playa las propuestas del plan participativo "La playa que queremos".

Como en ocasiones anteriores, Garcinuño no desaprovechó la ocasión para saldar cuentas con su antecesor. "¿En algún momento ha querido aprobar el Plan Especial de Las Teresitas?", cuestionó. "Puede estar tranquilo porque el plan especial -está en fase de borrador-recoge casi todo el plan participativo", continuó el edil de Urbanismo.

"Está hace una semana en la Gerencia de Urbanismo", desveló Martín. "Lo están valorando los técnicos municipales. Cuando esté todo preparado lo presentaremos", replicó Garcinuño.

"Ojalá sea un asunto en el que prime el consenso. Todavía tenemos que decidir si es el proyecto del grupo de gobierno o no", cerró el alcalde.

Y sin dejar el medio marino, pero esta vez en la costa de La Hondura, el Pleno dio el visto bueno, no sin debate, al convenio con el Consejo Insular de Aguas para el inicio del llamado plan de etapas, que permitirá eliminar los vertidos de aguas residuales al mar en 2019.

En concreto, el convenio permitirá la ejecución del proyecto de implantación de microtamices en la estación de pretratamiento y bombeo de Los Llanos, por un importe de 807.000 euros, cantidad que aportarán a partes iguales el Consejo Insular y el consistorio.

Ya alejados del agua, CC y PP rechazaron que se investigase la gestión económica de la Sociedad de Desarrollo, tal y como pedían SSP e IUC -también se sumó el PSOE, gestor del ente durante el último mandato-. Alfonso Cabello, concejal delegado, habló de "imprudencia" de la oposición, y atribuyó las supuestas irregularidades a cuestiones que recoge el Plan General Contable.

Taxis adaptados

Una moción de la concejal de Ciudadanos Evelyn Alonso puso de manifiesto que la capital solo cuenta con tres taxis adaptados (0,3%), un porcentaje mucho menor del que fija el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, que establece la obligación para los municipios con más de 50.000 habitantes de tener al menos un 5%. Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos, expuso que un coche con estas características es más caro que uno normal y remarcó que para las administraciones es muy difícil asumir ese coste. Con todo, detalló que para 2016 existe una partida de 50.000 euros destinada a este asunto, y avanzó que hay tres propietarios de licencias interesados en adaptar sus vehículos. Finalmente, la moción de C''s fue aprobada con matices: "Continuar la implementación de iniciativas que redunden en un incremento del número de taxis adaptados...".

Tarifa única

El Pleno aprobó ayer la adopción de una tarifa única para taxi. El acuerdo, adoptado por unanimidad, implica la equiparación de la tarifa urbana con la interurbana y supone el incremento en el precio de la bajada de bandera, que pasa de los 2,35 euros a 3,15 euros.