El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz, Ramón Trujillo, anunció ayer que su formación se ha personado como acusación particular en el proceso judicial abierto por la compra de la casa Siliuto. El edil "desconfía" de que la corporación local recupere los 290.000 euros que pagó de más por el inmueble.
Trujillo compareció ayer en rueda de prensa junto a Luis Aguirre, miembro de la ejecutiva insular de IUC. El edil sostuvo que su partido ha dado este paso para "recuperar" el dinero público "dilapidado" en la compra del edificio, ante la pasividad del grupo de gobierno, que "no ha movido ni un solo dedo para recuperar el sobrecoste de la compra".
Cabe recordar que la Fiscalía acusa al exconcejal Norberto Plasencia y al exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes de haber tomado una "decisión ilícita" al adquirir la casa Siliuto por más de 600.000 euros, a pesar de que la valoración de los técnicos municipales la cifraba en algo más de la mitad, 332.469. Ambos deben indemnizar al ayuntamiento con 280.281 euros.
Además, IUC hace extensible la acusación a Manuel Parejo, director de la Gerencia de Urbanismo cuando se produjeron los hechos, al considerarlo penalmente "responsable" de un delito de prevaricación administrativa y de un delito de malversación de caudales.
Trujillo instó al ayuntamiento a personarse en esta causa, "para demostrar con rotundidad su compromiso con la corrupción" que "maltrató durante años las arcas municipales".
En este sentido, las fuentes municipales consultadas indicaron que el consistorio "no ha adoptado ninguna decisión al respecto".
El concejal de IUC sostuvo que la compra de este edificio, situado en el barrio de El Toscal, es un caso de corrupción "de libro". "La adquisición se hizo por un precio que duplicaba el estimado por los técnicos municipales. Y no solo se dio este primer paso ignorando la tasación de los técnicos, sino que además se violó el acuerdo para que los propietarios asumieran los impuestos y tasas que les correspondían, tal y como había quedado fijado en el Consejo de administración de la Gerencia de Urbanismo", detalló.
En una decisión "ilegal más", añadió el concejal, Manuel Parejo resolvió en 2005 que el ayuntamiento también pagaría esos impuestos, con lo que salieron de las arcas públicas otros 10.900 euros para la casa Siliuto de manera fraudulenta.