Solo nueve de los once aparcamientos públicos que hay en la capital pagan un canon al Ayuntamiento, y la cuantía que abonan desde hace años algunos de ellos es "una tomadura de pelo". Así lo aseguró ayer el concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, en el transcurso de la Comisión de Control, en la que hizo públicos los datos con las tasas que abonan al consistorio esos estacionamientos.

Aunque hizo referencia a varios de ellos, consideró llamativo que el parquin de la plaza de Weyler "solo" pague, desde que entró en funcionamiento en 1993, 3.005 euros al año por 680 plazas.

O que el estacionamiento de la Avenida Tres de Mayo, con 3.040 plazas, abone 13.490 euros al año; el de Tomé Cano, con 459, 15.000 euros; y el del Mercado, también con 3.040 plazas, 18.270.

"La percepción que tenemos es que el interés público no se ha defendido. Parecen producto de unas rebajas; es petróleo ultraperiférico", dijo Trujillo. Sus compañeros de oposición ayer, Pedro Arcila (SSP), Elena Mateo (PSOE) y Antonio Blanco (C''s) compartieron gran parte del planteamiento.

De los datos aportados por el edil de IUC se desprende también que el ayuntamiento no percibe cantidad alguna por el parquin del Intercambiador, ni por el de la plaza del Príncipe. Y aunque ingresa una tasa por el estacionamiento del Estadio, este es con retraso.

La intervención de Trujillo se produjo en el marco de la comparecencia del director general de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Juan Domingo Cabrera, para informar sobre los aparcamientos públicos de la ciudad.

Cabrera avanzó que, dando cumplimiento a una moción aprobada en febrero, se han planificado inspecciones técnicas de los inmuebles que albergan estos aparcamientos y se ha propuesto la contratación de una consultoría externa para que analice el cumplimiento de los contratos suscritos con las concesionarias.

"No se ha avanzado nada", se quejó, sin embargo, Arcila. "La consultoría externa va a alargar más en el tiempo el asunto", indicó Mateo. "Los informes deben ir más rápido. Las condiciones de esas concesiones son bastante desfavorables para las arcas municipales", añadió Antonio Blanco.

"El informe que se va a realizar se complementará con las actuaciones administrativas correspondientes", aclaró el concejal de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, quien defendió la "inversión" que se hizo en su momento para construir esos aparcamientos. "A la ciudad le costó cero euros. Solo ven el canon ahora", reclamó.

Y en una respuesta por escrito, en este caso en relación con la propiedad de los terrenos municipales que ocupa Titsa en Santa María del Mar, el ayuntamiento informó de que Urbanismo tiene previsto ingresar 600.000 euros por ese concepto, correspondiente a este año y los tres anteriores.

Por otro lado, Juan Domingo Cabrera dio cuenta, en otra comparecencia sobre autorizaciones de Emmasa para realizar vertidos, que los de Acorán y Añaza están autorizados por la Viceconsejería de Medio Ambiente, los aliviaderos de la EDAR y la EBAR de Cabo Llanos se encuentran solicitados y en trámite, al igual que los vertidos de Igueste y San Andrés. "Trabajamos para lograr los vertidos cero en 2019", añadió Arteaga. Arcila, solicitante de la comparecencia, insistió en la ilegalidad de algunos de ellos.

Y por otro lado, el edil de Urbanismo, Carlos Garcinuño, avanzó que la idea del ayuntamiento es que se pueda sacar a licitación este año la elaboración de la carta etnográfica y arqueológica del municipio, para la que existe una partida de 100.000 euros.

Seis personas sancionadas en el albergue

El último caso, y, tal vez, el más mediático se produjo hace algunas semanas, pero en los últimos cinco años han sido sancionados seis usuarios del Centro Municipal de Acogida (albergue), según los datos aportados por el concejal de Atención Social, Óscar García, en respuesta a una pregunta del concejal de IUC, Ramón Trujillo, en la Comisión de Control.

Las seis personas sancionadas se han visto privadas temporalmente -no se han dado casos de privaciones definitivas- de los derechos del albergue. Y solo dos reclamaron por escrito la situación. Una de ellas está en fase de alegaciones y la otra en trámite de audiencia.

Y en otra respuesta por escrito, esta vez a Asunción Frías, de Sí se Puede, el mismo edil de Atención Social no deja claro cuántas familias están pendientes de que se tramite la solicitud de la PCI. "La cifra de personas en lista de espera fluctúa diariamente ya que esta depende de varios factores como demandas de la población", aclara el edil.

Para Frías, sin embargo, "la no respuesta es un indicador de que se confirman las quejas vecinales de que la lista de espera ha aumentado".

Por otra parte, y también en una respuesta por escrito sobre el número de contratos de servicios públicos que vencen en 2016, el concejal del área, Dámaso Arteaga, precisa que son seis, entre ellos el de mantenimiento de ascensores y el de limpieza viaria y recogida de residuos. El edil espera que este último pueda estar adjudicado en el último trimestre del año.

Por otro lado, Arteaga avanzó que se va a realizar una reordenación de algunas líneas de Titsa que dan servicio a Anaga.

En otra respuesta por escrito, el ayuntamiento informó a Ciudadanos sobre los pasos dados para tratar de mejorar la seguridad del hotel abandonado de Añaza. El concejal Antonio Blanco expuso que solo se había respondido a una parte de la cuestión.