El pasado mes de septiembre se vivió en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la avenida Venezuela, un episodio que generó un amplio debate público. El Ayuntamiento de la ciudad decidió establecer en uno de los edificios de la zona un centro de "mínima exigencia" con capacidad para 20 personas sin hogar. Esta decisión se tomó debido a que el Centro Municipal de Acogida, más conocido como el albergue municipal, había alcanzado su límite de plazas. Estas 20 se sumarían a las 100 que ofrece el albergue en la calle Azorín.
Sin embargo, el ayuntamiento no informó a los vecinos y comerciantes de la zona de que se llevaría a cabo la apertura de este centro. Cuando los vecinos supieron las intenciones del ayuntamiento de iniciar un proyecto de ese tipo tan cerca de sus comercios y viviendas, decidieron movilizarse para frenar su apertura.
Este suceso provocó una división en la opinión pública canaria. Por un lado, una parte de la población entendió el hecho de que los vecinos del barrio de La Salud no quisiesen tener en sus inmediaciones un local de estas características. Por otro lado, hubo gente que criticó la poca solidaridad que mostraron los residentes del lugar, negándose a que el centro pudiese entrar en funcionamiento acogiendo a personas sin hogar.
La portavoz de los vecinos de la zona, Magdalena Santiago Aguilera, expresó su descontento en declaraciones a un medio local, "no solo por la manera en la que el consistorio ha hecho las cosas, porque no se contó con nosotros, y ni siquiera con la comunidad del edificio en cuestión, sino por las consecuencias que traerá la puesta en marcha de este centro". Manifestó asimismo que cree que existen lugares más adecuados para la acogida de estas personas.
José Saturnino Martínez García, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL), señala que esto se trata de un fenómeno NIMBY, del inglés Not In My Backyard (no en mi patio trasero), en el que "se espera que instalaciones necesarias para el bien común produzcan efectos negativos a su alrededor", aunque recalca que en este caso posiblemente "no sea tanto un problema en sí sino el estigma asociado a estas personas". Critica que en España la salida de la crisis "se está haciendo con empleo precario y mal pagado, lo que lleva a gente que a pesar de tener trabajo es pobre" .
Señala también el importante papel del Estado de bienestar para luchar contra la pobreza, y pone como ejemplo la comparación entre Dinamarca y España, donde la tasa de pobreza es similar antes de aplicar subsidios e impuestos, pero mientras que después de hacerlo en España apenas baja, en el país danés se reduce a la mitad.
Lo ocurrido en el barrio de La Salud no se trata de un suceso aislado sino que es una de las consecuencias de un problema que durante años ha asolado la ciudad de Santa Cruz: la elevada tasa de pobreza existente en la capital, a donde en muchos casos se redirigen desde otros municipios a personas sin hogar o con problemas psicológicos o de adicciones. Un 65% de las personas sin techo del municipio proceden de fuera del mismo.
Más de un cuarto de las familias de Santa Cruz se encuentran en riesgo de exclusión social, según el Plan de Prevención Social y Desarrollo Comunitario desarrollado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y el ayuntamiento. Según este informe el perfil más habitual de los sintecho es el de un hombre español de mediana edad de fuera del municipio.
El CMA resulta ser el centro más preparado actualmente en la ciudad para acoger y prestar ayuda a las personas sin hogar. Se encuentra gestionado por Grupo 5, una empresa de gestión de servicios sociales y educativos, contratada por el Ayuntamiento de Santa Cruz y que también se encarga, entre otros, de dirigir el Centro Municipal de Acogida de Sevilla.
Desde su apertura, el albergue ha suscitado cierta polémica entre los vecinos de la zona. Muchos se quejan de problemas con las personas que acuden al lugar, del ruido por las noches y de la imagen que da al barrio. Un vecino comenta: "Hay que quitarlo ya. Yo lo pondría en medio del océano", y se ríe junto a un segundo vecino que está de acuerdo. Un tercer vecino se acerca a los primeros y argumenta que en el albergue "hay de todo". La posición del primero parece ceder aunque añade que "los jóvenes son los peores, roban a los que les ponen las cosas, son drogadictos y alcohólicos". Admite no haber tenido problemas con ninguno aún, "pero como los tenga..."
Pero no solo existe este recurso disponible en la ciudad, existen otros centros, principalmente de Cáritas, Cruz Roja y otras organizaciones que ofrecen su atención a los sinhogar.
Cerca de la avenida Venezuela, en la calle Princesa Dácil en el barrio de La Salud, hay ya un recurso de Cáritas, la Casa de Acogida Guajara, destinado a las personas cuya única problemática es el desempleo prolongado. Forma parte del proyecto Sin Techo de Cáritas, en el que se encuadran recursos para gente con problemas de diverso tipo: alcoholismo, drogadicción, víctimas de violencia de género, etc. A la Casa de Acogida Guajara son enviados los residentes del Centro Municipal de Acogida que no tienen problemas de drogodependencia o salud mental, tan solo están en situación de desempleo y sin hogar. Aquí los residentes se encargan de gran parte de la manutención del lugar: limpian, cocinan y lavan su ropa.
Los tres empleados del centro se encargan de orientar y ayudar a los residentes a salir de su desempleo y encontrar un hogar. Una de las trabajadoras hace hincapié en no llamarlos "sintecho" sino "personas en situación sin hogar", puesto que "en una situación se está, y no se es". Señala que existe una gran problemática con la asignación de pisos de protección oficial, pues para optar a ellos se debe estar empadronado en el mismo municipio durante 7 años, una condición muy difícil de cumplir para las personas sin hogar. Los residentes son de diversos perfiles, los hay de Tenerife, de otros lugares de Canarias, de la península y extranjeros, el único requisito es que han de tener los papeles regularizados.
Otro de los proyectos con los que cuenta Cáritas en Tenerife es Café y Calor, un centro nocturno de mínima exigencia, activo desde 1992, que actualmente cuenta con 25 plazas de alojamiento, además de servicios de alimentación e higiene. Carmen Pérez, trabajadora social, explica que las personas que acuden allí provienen de varios lugares, como en la Casa de Acogida Guajara (canarios, peninsulares, europeos, latinos, africanos...), aunque al contrario que en el centro del barrio de La Salud, la mayoría se trata de gente en situación irregular. Declara: "La mayoría suelen ser hombres entre 25 y 65 años que han agotado sus redes familiares y que cuentan con problemas relacionados con la drogodependencia".
Este centro, además de alojamiento, ofrece programas individualizados y ayuda para la regularización de papeles y la drogodependencia. Una vez se estabiliza su situación "pasan a casas de acogida 24 horas". Reciben financiación pública, aunque recientemente han sufrido recortes. Pérez afirma que la labor de las instituciones públicas no es suficiente, y que la propia existencia del centro es prueba de ello.
Aparte de los centros de acogida existen comedores sociales, que suelen ser proyectos de organizaciones religiosas, y que no ofrecen servicio de alojamiento pero sí de alimentación y en muchos casos de higiene. Uno de los comedores de Santa Cruz es el Comedor Social Hijas de la Caridad, situado en las cercanías de la iglesia de la Concepción, fundado en 1987. El número de personas que acude al lugar es tan grande que no todos pueden entrar. Omar, trabajador social del comedor, se asoma a la puerta y recita una lista de nombres, que son los que podrán entrar y comer. Algunas de las personas que han estado esperando fuera se quedan sin posibilidad de poder entrar. No tardan en aparecer las quejas: "Los chicharreros se quedan fuera y los cubanos a dentro a comer". Omar le pide respeto y le recuerda que él también ha entrado cuando otros se han quedado fuera.
Varias monjas administran este comedor social. La máxima encargada es sor María del Carmen Hernández. El perfil de las personas atendidas aquí es similar al de otros centros. Además de comida también se ofrecen servicios para la higiene: duchas y afeitado tres días a la semana, aparte de lavado de ropa.
Explica que las listas en la entrada son necesarias para asegurarse de que los servicios "lleguen a quienes realmente lo necesitan, pues han de pasar una entrevista con Omar para ver si verdaderamente necesitan la ayuda de forma tan acuciante, aunque de todas formas si es la primera vez que vienen no habrá problema, comerán y serán citados para una posterior entrevista". Además, "se hace un seguimiento y se da prioridad a quienes vienen con más asiduidad".
La monja declara que el presupuesto del centro se basa en subvenciones del ayuntamiento, del IMAS y en los últimos años también del Cabildo, además de que cuentan con donaciones del Banco de Alimentos, de CajaCanarias y de particulares. También comenta que "el ayuntamiento es la principal fuente económica, pero sin la ayuda de los particulares estaríamos pasando dificultades".
Los políticos canarios son conscientes del alcance de esta problemática en el Archipiélago, sin embargo, en lugar de colaborar para buscar soluciones, los diversos grupos parlamentarios optan por reprocharse mutuamente, como sucedió en la última sesión parlamentaria el 8 de junio. Patricia Hernández, vicepresidenta del Gobierno de Canarias y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, comentó que "algunos datos han mejorado; Cáritas dice que a sus comedores van un 12% menos de personas, que el desempleo ha bajado de un tercio a un cuarto de la población activa y que la Prestación Canaria de Inserción ha pasado de beneficiar a 3.000 personas a 9.000".
Por otro lado, Cristina Valido, consejera de Acción Social y Atención Ciudadana, opina que se debe evolucionar del modelo predominante de los albergues a una especialización de las atenciones sociales, para cada tipología de personas en riesgo de exclusión social, con el fin de proporcionar servicios más acordes a las necesidades de cada grupo. Además, cree necesaria la apertura de nuevos centros de Atención Social en las ciudades que tienen más recursos económicos en el norte y en el sur (Arona y Puerto de la Cruz), para evitar que estas personas se vean obligadas a trasladarse hasta el Área Metropolitana.
Sin embargo, el resto de formaciones políticas han criticado la inacción del Gobierno a la hora de tomar medidas que den solución al problema. Josefa Luzardo, del PP, criticaba a la vicepresidenta del Gobierno autónomo de "pasarse la vida haciendo diagnósticos, en lugar de tomar medidas".
Actualmente, a pesar de que Santa Cruz cuenta con numerosos recursos para combatir las situaciones de exclusión social, estos están saturados y no resultan suficientes.
¿Cómo actuará la Policía?
En muchas ocasiones, el cuerpo local de Policía ha de tratar con personas sin techo. Es por ello por lo que cuentan con un protocolo de actuación, el cual consiste en entrevistar a las personas, identificarlas y llamar a la Unidad Móvil de Acercamiento (UMA), unidad móvil del IMAS que trabaja en todo Santa Cruz. Los afectados pueden rechazar la ayuda si así lo manifiestan. Si se detecta que la persona está mal de salud, se llama a los servicios sanitarios.
En cuanto a la mendicidad, la policía investiga a aquellos mendigos sospechosos de pertenecer a una banda organizada que se dedique a este tipo de actividades. En estos casos, la Policía Local cruza los datos con el Cuerpo Nacional de Policía, principalmente con el objetivo de ver si tienen casos judiciales pendientes.
Al contrario de lo que mucha gente cree, la mendicidad está prohibida en el municipio. El artículo 105 de la Ordenanza Municipal de Policía y Buen Gobierno establece que los agentes conducirán al "establecimiento adecuado" a los mendigos, una vez allí se determinará su posterior destino mediante un informe del personal especializado de Asistencia Social Municipal.
El chabolismo como alternativa
Muchos sintecho optan por rechazar las ayudas sociales. Este es el caso de los chabolistas afincados en las inmediaciones del Pabellón Deportivo Pancho Camurria en el barrio de Somosierra. Allí se encuentran personas como Cathaysa, una chica con algunos problemas psiquiátricos, de 23 años, o Isidoro, de 60, el primer chabolista de la zona. Cathaysa recibe una subvención para la medicación de sus dolencias psiquiátricas. Cada mañana Cathaysa utiliza los servicios del albergue de comida y duchas.
Por otra parte, Isidoro afirma del ayuntamiento que "no nos han prestado ayuda sino que han intentando echarnos numerosas veces". De hecho, Isidoro cuenta que hasta en tres ocasiones han tirado las chabolas en las que ha vivido.