La sociedad benéfica de construcción La Candelaria vendió una vivienda de Somosierra cuatro años después de haber sido extinguida. Así lo ha acreditado la Subdelegación del Gobierno, en un escrito remitido a las plataformas sociales que denunciaron el caso de Gara Lima, la joven que habitaba esta casa y que fue desalojada, hace unos días, por quienes aseguran ser sus propietarios. Lima no ha podido aún entrar a recoger sus pertenencias ni las de sus dos hijas menores.

Portavoces de plataformas sociales y vecinales como Afectados por la Hipoteca en Tenerife, Borja López; 29-E, Lolo Dorta; afectados por Visocan, Rebeca Alonso, y Pro Derechos Sociales, Económicos y Culturales, Inma Évora, dieron a conocer el documento en el que la subdelegada Rosario Cabrera detalla que la citada sociedad benéfica "se encuentra extinguida desde 2003".

También aclara que la comisión liquidadora que se constituyó tras la extinción solo estaba facultada para acordar todo cuanto fuera conducente a la liquidación de la sociedad.

Concluido ese trámite, añade el escrito de Cabrera, los respectivos parques de viviendas pasaron a ser administrados, desde aquella fecha y sin perjuicio de los cambios de la titularidad demanial que se realizarían en su momento, por los ayuntamientos de Santa Cruz y La Laguna.

Sin embargo, y según obra en poder del juzgado -documento anexo-, la certificación de otorgamiento de nuevo consentimiento para que se pudiera formalizar la escritura de compraventa del inmueble está fechada en 2007, esto es cuatro años después de que la sociedad La Candelaria fuese extinguida.

El citado documento tiene el visto bueno del por entonces subdelegado del Gobierno en Tenerife, Carlos González Segura. La compra de la vivienda en cuestión se hizo finalmente efectiva en junio de 2016 por 523 euros.

Al respecto, Inma Évora sostuvo que este es un procedimiento "bastante irregular, sin supervisión ni control de la administración". "Si este certificado resultara no ser válido podríamos estar hablando de un delito de falsificación de documento público", alertó.

Évora insistió también en que existen muchísimas viviendas vacías, otras están siendo ocupadas por personas que nos las necesitan, "mientras que a otras las echan a la calle".

Las distintas plataformas que ayer denunciaron este caso han solicitado a la Subdelegación del Gobierno que acredite la validez del mencionado certificado y que investigue si se han dado las circunstancias legales necesarias para el otorgamiento del consentimiento de compraventa.