Primero, sorprendidos, y ahora, indignados. Así se muestra un grupo de padres, usuarios de las dos escuelas infantiles de Santa Cruz de Tenerife, Tara (Añaza) y Faina (Ofra), con los nuevos precios aprobados por el consistorio el pasado mes de mayo para el curso 2016/2017 -se publicaron en julio-. Su desacuerdo es tal que solicitan su derogación.

A saber, las cantidades oscilan entre los 298 euros que tienen que pagar aquellas personas con un salario cuatro veces superior al IPREM y la gratuidad para quienes perciban ingresos mensuales inferiores a 1.065 euros.

Las críticas de estos padres se centran, principalmente, en dos aspectos. Por un lado, denuncian que cuando hicieron la prescripción de sus hijos, entre el 1 de marzo y el 15 de abril, según la modalidad utilizada (renovación o nueva admisión), desconocían los precios que finalmente aprobó un mes más tarde el ayuntamiento, por lo que podría ser ilegal el contrato suscrito. De cualquier forma aclaran que no se han negado en ningún momento a contribuir económicamente con el servicio, pero cuestionan, eso sí, el fondo y las formas del ayuntamiento.

Y, por otro, calculan que el "beneficio" que se llevará la empresa adjudicataria del servicio hasta el año 2019 puede rondar los 300.000 euros, según expone Ángel Mesa, uno de los padres afectados. " Pedirnos a los usuarios que colaboremos con los costes del servicio significaría que pagaríamos dos veces por lo mismo", indica, en referencia a la partida de algo más de dos millones que ya destina el consistorio a las escuelas infantiles.

"Si, según ha publicado el propio ayuntamiento, el coste por niño es de 300 euros, significa que el total por los 140 menores de las dos guarderías durante los 4 años es de unos 1,7 millones, por lo que entonces hay 300.000 euros que se pueden considerar beneficio. Entendenos que el mismo exista, pero, si lo hay, ¿para qué tenemos que volver a pagar el servicio que ya se sufraga con nuestros impuestos?", se preguntan.

Sobre el primer asunto, y en sendos escritos remitidos tanto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, como al concejal de Atención Social, Óscar García, los afectados detallan que la "desinformación" que tenían en abril impidió poder estudiar en tiempo y forma las diferentes ofertas en otras escuelas infantiles y la pertinente comparación entre ellas, por lo que, a día de hoy, "solo existe una oferta restringida a las plazas remanentes en algunas guarderías".

También exponen que ha sido una medida "precipitada", sin que se midieran bien las fechas y los plazos de información. Además, alertan de que, a día de hoy, pueden quedar padres pendientes de aviso formal de las nuevas tarifas, y de que se desconoce la forma de pago y tramitación de la nueva normativa. Es más, recalcan que "conociendo el concejal la problemática desde hace más de 20 días, y sabiendo perfectamente la urgencia, desde el ayuntamiento no se ha dicho nada".

Por todo ello, solicitan al ayuntamiento la derogación de las tarifas para este curso escolar 2016/2017 y la aplicación de las mismas para el próximo, "no sin antes someterlas a un nuevo estudio". Aseguran estos padres que las tarifas aplicables son, en muchos casos, "hasta 2,6 veces más caras" que en el resto de escuelas infantiles con servicios análogos.

"Al promover estas tarifas, totalmente fuera de mercado, se obliga a los padres que por razones económicas están obligados al pago a desistir de la matriculación de sus hijos, logrando así que nuestro ayuntamiento se tenga que hacer cargo de la totalidad de gastos de la guardería, ya que los niños matriculados carecerían de la obligación de pago", subraya Ángel Mesa.

A juicio de los afectados, no se ha tenido en cuenta que se hace uso de este servicio precisamente "porque se tiene trabajo y no se puede atender en forma a nuestros hijos, privándonos así del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar".

Además, entienden que en el baremo de acceso "se prioriza el que ambos progenitores trabajen, pero que a vista de las tarifas aplicadas y al perjuicio que supone tener ambos ingresos, parece sería mejor que solo uno de los padres trabajase".

Remarcan también que aún teniendo en cuenta el baremo superior para el pago de la mensualidad, este significaría casi el 15% de la retribución total de una unidad familiar. "Algo a todas luces excesivo teniendo en cuenta la actual situación económica", dicen.

"No se ha tenido en cuenta el resto de gastos en los que cada familia debe incurrir en su día a día, pues existen multitud de casos diferentes entre todos los afectados, siendo claramente insuficientes las salvedades que se recogen en las tablas de las tarifas", detallan.

Los afectados han iniciado un recogida de firmas en la plataforma Change.org que les ha reportado y más de 700 apoyos.

Cabe recordar que los actuales precios se aprobaron por unanimidad de todos los partidos, aunque tras un intenso debate y corrección de la propuesta inicial que había presentado el grupo de gobierno de CC y PP.