"Tanto la Hacienda estatal como el área municipal de tributos nos han dado la razón en informes basados en reconocer un error del catastro. La calificación de nuestros locales es comercial y no residencial. Esto nos permitirá esgrimir el derecho demanial sobre vías y espacios públicos para reivindicar la lucha que mantenemos desde hace años por abrir los espacios comunes y derribar lo privatizado ilegalmente". Lo asegura, con las pruebas, Cristo Medina, propietario de un local comercial en la urbanización Tijoco de Tío Pino (Ofra-Costa Sur), cerca de la antigua fábrica de tabacos Philip Morris.

Medina lleva años de pleitos para intentar que se cumpla la sentencia del TSJC para el derribo del vallado y el muro perimetral que la comunidad de propietarios levantó en el aparcamiento de la urbanización.

El Ayuntamiento de Santa Cruz se ha negado a ejecutar obra alguna en una zona que entiende que es privada. Eso pese a que, asegura Medina, "hay calles ya con rótulos, lo cual parece denotar su condición de públicas como Tijoco y sus dos transversales. También una resolución de Industria y Comercio que rechaza el cierre porque hay un transformador de energía eléctrica propiedad del Estado y otra de Vivienda que manda demoler para dejar el espacio como el proyecto primitivo".

Medina aporta ahora nuevas pruebas: "Una referencia catastral de junio pasado ratifica que el inmueble de mi propiedad tiene uso comercial". Además, añade, "un informe de la Hacienda municipal de 23 de mayo reconoce el error cartográfico que les llevó a considerar el local como vivienda cuando el uso es industrial y comercial. Ese informe deviene de una resolución estatal con base en el aval del catastro".

Para Medina "es clave porque nos pondría por encima en derechos de la comunidad de propietarios. En las zonas comunes de viviendas de protección oficial como es este caso no se pueden modificar las características iniciales y aquí se han hecho construcciones. Al ser VPO no prescribe la ilegalidad en 50 años".

Ya en 2005 el TSJC dictó una sentencia que "ordenaba que toda la urbanización volviera a su estado primitivo conforme al proyecto inicial". Y "en un decreto de alcaldía de 1977, apunta Medina, ya se decía que cualquier obra fuera del proyecto inicial se debía demoler". A día de hoy, asegura el afectado, "las zonas transitables siguen ocupadas".

Medina concluye así: "El artículo 44 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales que gestiona los bienes, vías y espacios públicos, es muy claro en este sentido. Vamos a entregar las novedades en la Gerencia de Urbanismo donde nos dicen que se pronunciarán en breve en uno u otro sentido. Esperamos que nos den la razón".