La semana que hoy comienza el macrojuicio de Las Teresitas dará un nuevo paso en dirección al objetivo de arrojar luz sobre una trama que siempre ha tirado a ser más bien oscura y enrevesada. Durante los tres días en los que se llevará a cabo la vista oral las declaraciones se centrarán en aspectos técnicos y alguna que otra intervención política. Hoy lunes le toca el turno al urbanista Javier Domínguez Anadón, al extécnico de la Gerencia de Urbanismo Epifanio Gómez, condenado en el caso mamotreto, y a la exdirectora técnico-jurídica de este organismo autónomo, Luisa del Toro.

Esta última funcionaria probablemente se unirá a la tesis de sus compañeros, el exletrado de la Gerencia Ruymán Torres y la exjefa de los servicios jurídicos municipales Isabel Cubas, de que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró en 2001 terrenos que eran suyos. Los tres fueron los responsables de encontrar los documentos que así lo certifican, de valorarlos y remitirlos a la Fiscalía. Por lo tanto, no se esperan sorpresas o contradicciones sino más bien lo contrario: que se ratifique una de las patas de la causa penal. Hasta ahora Torres y Cubas han coincidido en que a la vista de las pruebas el Ayuntamiento era consciente de lo que hacía. Y tal vez sea en este campo en el que el juicio más ha avanzado.

Esta será la semana en la que comparecerán los técnicos de la Dirección General de Costas, cuya aportación a la causa es relevante. Primero lo hará el exjefe provincial Carlos González, y luego Juan Antonio Troya, quizás quien más sabe sobre la historia de esta playa en cuanto a la delimitación de Costas. Sentencias, informes y el propio deslinde ratifican que casi un tercio de los terrenos comprados eran propiedad del Estado y, por lo tanto, no se podían vender, ni comprar ni edificar en ellos.

La justificación dada desde la Junta e Inversiones Las Teresitas (ILT) es que la antigua Ley de Costas permitía que quienes hicieran obras en las que se ganaran terrenos al mar podían ser sus titulares. En este caso lo que está en cuestión son los solares que eran propiedad de Costas antes de que se hiciera la playa artificial y el resto según el organismo estatal no podía pertenecer a nadie porque las obras jamás fueron recibidas. Nunca se ha encontrado el acta de recepción.

En la última jornada intervendrá, entre otros, además de Troya, el aún hoy concejal de Coalición Canaria (CC) José Alberto Díaz-Estébanez, y el policía hoy retirado y exedil Basilio Franco. A este último un sindicato policial lo acusó públicamente de filtrar al exalcalde Miguel Zerolo Aguilar el desarrollo de la investigación.

Una primera semana "muy esclarecedora"

La semana pasada fue muy esclarecedora a la hora de determinar por dónde va a discurrir el juicio. Por lo pronto, los trece abogados de la defensa se han embarcado en la búsqueda de un punto de apoyo. Uno solo. Cada cual intenta salvar a su defendido y si existe una estrategia común no se percibe. El argumento recurrente es que se compró la playa para impedir las construcciones, tal y como pedía por aquel entonces parte de la sociedad chicharrera. Pero no siempre los técnicos respaldan esta decisión política. Por ejemplo, Ruymán Torres declaró que si se restan los terrenos que eran de titularidad pública, los demás resultan inedificables, que el trasvase de aprovechamientos a Las Huertas no era posible y que se podía haber optado por la expropiación. Punto en el que ha coincidido algún testigo más. Otro de los asuntos recurrentes fueron las circunstancias que rodearon a la concesión del crédito. Las declaraciones de los responsables de CajaCanarias en aquel momento más que aclarar oscurecen. Hay pocas dudas de que hubo un trato especial a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, seguramente justificado por su situación económica. En cualquier caso la discusión se ha intentado cerrar siempre con el argumento de que el crédito está más que saldado y de que los promotores cumplieron con lo acordado. Eso sí, gracias al dinero pagado por el ayuntamiento. La semana pasada dejó dos titulares sonados: las declaraciones del empresario Amid Achi asegurando que le habían amenazado para que cambiase su voto en contra de la concesión del crédito y las palabras del redactor de la denuncia, Santiago Pérez, indicando, una vez más, que la actual diputada de CC, Ana Oramas, era quien le había informado sobre la existencia de una tasación hecha por su hermana, Pía Oramas, entonces arquitecta municipal, que fijaba el valor de los terrenos en 17 millones frente a los 53 pagados finalmente. El abogado de la Junta, Mauricio Hayek, intentó demostrar ante el jurado todo el aplomo y convencimiento del mundo en su intervención, lo que no deja de tener mérito a la vista de las acusaciones y sospechas a las que se enfrenta y las contradicciones en las que según la Fiscalía incurrió. La intervención de Torres solo puede ser calificada de sólida porque ninguno de los 13 abogados fue capaz de encontrar una fisura para cuestionarla.